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Stericycle, una empresa multinacional de Estados Unidos, fue encontrada culpable por realizar maniobras de corrupción para obtener contratos de servicios en Latinoamérica. La firma encargada del reciclaje y manejo de residuos fue denunciada ante organismos regulatorios en los Estados Unidos y le impusieron una sanción de 84 millones de dólares por haber efectuado coimas a funcionarios de Argentina, Brasil y México.
La filial de la empresa en la Argentina tiene en su cartera a numerosos hospitales públicos y privados a los que presta servicios de recolección y manejo de residuos patogénicos y peligrosos. Stericycle confirmó el pagó cerca de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios y empleados en Argentina, Brasil y México. Los pagos se efectuaron entre 2011 y 2016, en efectivo, y se calculaban como un porcentaje de los contratos.
Durante la investigación salió a la luz el código secreto que utilizaban para referirse a los pagos según el país. “CP” o “pago de comisiones” en Brasil, “PI” o “pago de incentivo” en México y en Argentina, se usaba la palabra “alfajores” o “IP” como código para realizar las maniobras fraudulentas.
Según una resolución del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otra de la Securities & Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado de capitales norteamericano, la empresa fue encotrada culpable de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por sus siglas en inglés) a partir de estos esquemas de soborno.
Así, la justicia estadounidense obligo a la empresa a cubrir los cargos criminales por lo que deberá pagar USD 52,5 millones, mientras que en el segundo tendrá que afrontar otros USD 28,2 millones como sanción. También tendrá que afrontar un tercio de la multa a la Procuración de Brasil, por una suma aproximada de USD 9,3 millones.
“Hoy Stericycle asumió la responsabilidad por sus prácticas comerciales corruptas (que consistían en) pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros en varios países”, afirmó el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la división de lo penal del Departamento de Justicia, citado en la nota.
La maniobra fue detectada en los registros apócrifos que realizaba la multinacional para desplegar la estructura. “La empresa también tenía libros y registros falsos para ocultar pagos corruptos e indebidos realizados por sus subsidiarias en Brasil, México y Argentina”, agregó.
El documento del Departamento de Justicia sostiene que entre 2011 y 2016, Stericycle, a través de algunos de sus empleados y agentes, conspiró y acordó con otros para ofrecer y pagar corruptamente sobornos a funcionarios en Argentina.
“Stericycle obtuvo al menos US$ 4,4 millones en ganancias de contratos obtenidos y retenidos de manera corrupta con el gobierno argentino”, sostiene el documento del Departamento de Justicia.
El personal de Stericycle tenía un sistema donde guardaba y enviaba por correo electrónico hojas de cálculo de Excel, que identificaban a los clientes del gobierno que recibieron sobornos.
Así, el 28 de septiembre de 2012, uno de los empleados de ventas de Stericycle Argentina entregó el pago del soborno por un monto de 21.300 pesos (aproximadamente US$ 4.560), en efectivo, al funcionario argentino. “Los empleados de Stericycle Argentina utilizaron las palabras ‘alfa’ y ‘alfajores’ como códigos para referirse a los pagos de sobornos”, señala el texto del organismo norteamericano.
“Por ejemplo, el 30 de mayo de 2013 o alrededor de esa fecha, dos empleados de ventas de Stericycle Argentina intercambiaron un correo electrónico sobre pagos pendientes de un ministerio de salud regional argentino, escribiendo: ‘Debo decirles que cuando hablé sobre este tema, me recordaron que los alfajores del último pago están pendientes, por eso les prometí que si nos dan los cheques el lunes 17 o el martes 18 estaría trayendo eso más los cheques”, agrega la evaluación del Departamento de Justicia.
A pesar de la investigación y las sanciones, la compañía continúa operando y prestando servicios al Estado nacional, gobiernos locales y hospitales públicos y privados. Según declaran oficialmente, procesan mensualmente más de 3.000 toneladas de residuos patogénicos “en varias provincias de nuestro país”.