"Estamos obligados a vender estos terrenos, que será un paliativo, porque venimos peleando por la renovación tecnológica. La financiación nos fue negada por el gobierno nacional anterior bajo un argumento irrisorio y lamentablemente tuvimos una utilización política", sostuvo Andrés Blanco, referente del Sindicato Ceramista. Además comentó que "ya les presentamos las gestiones al nuevo gobierno".
Blanco señaló que lo que les apremia es el incremento en los servicios que ponen en jaque la fábrica.
"Pone en riesgo la continuidad laboral de la gestión obrera. De 300 mil pesos que pagábamos de luz nos llegó la factura por 1.600.000 pesos y la de gas pasó de 700 mil pesos a 4 millones de pesos", explicó.