La investigación determinó que las autoridades conocían las irregularidades del laboratorio antes de que se confirmaran las primeras muertes por fentanilo.
La investigación judicial determinó que las autoridades sanitarias ya conocían las irregularidades del laboratorio que fabricaba el fentanilo contaminado antes de que se confirmaran las primeras muertes vinculadas al medicamento. Pese a las advertencias y a los informes que recomendaban frenar la producción, las ampollas continuaron circulando y llegando a droguerías y hospitales.
En ese marco, las ex titulares de la ANMAT y el INAME, Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, fueron detenidas e indagadas esta semana. La Justicia busca determinar qué sabía cada funcionario y por qué las medidas para impedir la producción y retirar el fentanilo del mercado se demoraron. Cuando se confirmó oficialmente que el lote 31.202 estaba vinculado con eventos adversos, ya se habían registrado 63 muertes, según consta en el expediente.
Los elementos incorporados a la causa incluyen chats entre autoridades, documentación oficial y actuaciones administrativas que ahora son analizados para reconstruir la cadena de decisiones dentro de los organismos sanitarios.
Según la investigación, en 2023 ya existían comunicaciones entre funcionarias y representantes de HLB Pharma, empresa vinculada a Laboratorios Ramayo, donde se fabricaban los inyectables posteriormente investigados.
En enero de 2024, una técnica detectó la presencia de un hongo en la planta. Sin embargo, en lugar de avanzar de inmediato con una medida que interrumpiera la actividad, desde el organismo se habría buscado una alternativa para resolver las observaciones sin llegar a una sanción definitiva.
El 28 de noviembre de 2024, una inspección del INAME detectó nuevas y graves irregularidades en Laboratorios Ramayo. Los inspectores señalaron problemas en la documentación, los controles microbiológicos, las validaciones y las condiciones de los depósitos. El informe elaborado tras el procedimiento sugirió inhabilitar la planta. La advertencia se reforzó el 3 de enero de 2025, cuando los inspectores recomendaron directamente prohibir la producción y retirar los medicamentos que ya estaban en circulación.
Mientras tanto, entre el 16 de diciembre de 2024 y los primeros días de enero de 2025 se habían elaborado los lotes de fentanilo que posteriormente quedarían bajo investigación por contaminación.
El 5 de enero, Agustina Bisio asumió al frente de la ANMAT. Al día siguiente recibió documentación que detallaba los incumplimientos acumulados por las empresas desde 2018. Tan solo 9 días después, tuvo lugar una reunión clave dentro de la investigación en la cual participaron Bisio, Mantecón Fumadó y Ariel García Furfaro, señalado en el expediente como responsable del laboratorio.
Los chats posteriormente incorporados a la causa reconstruyen las conversaciones que siguieron a ese encuentro. De acuerdo con la investigación, las funcionarias habrían acordado un esquema para atender las observaciones sin interrumpir la fabricación. Al día siguiente, Mantecón Fumadó resolvió no avanzar con la inhibición de la producción ni retirar la advertencia existente. La investigación sostiene además que habría ofrecido asistencia para obtener rótulos y prospectos.
El 30 de enero, unas 10.000 ampollas del lote 31.202 comenzaron a comercializarse. Poco más de una semana después, el 8 de febrero, se registró la primera aplicación que terminó con la muerte de un paciente.
Sin embargo, la circulación del medicamento no se frenó de inmediato. El 10 de febrero se firmó una prohibición de producción, aunque la medida no llegó a publicarse ni tuvo una aplicación efectiva. Durante las semanas siguientes, los productos continuaron en droguerías y hospitales.
A medida que comenzaron a llegar consultas a la ANMAT, una de las técnicas involucradas manifestó internamente la gravedad del escenario y advirtió sobre la posibilidad de que se produjeran nuevas muertes y sobre las responsabilidades que podían derivarse de la situación.
En esas conversaciones apareció una frase atribuida a Mantecón Fumadó: “Es un montón de guita que está en la calle”. El mensaje fue registrado mientras se discutía qué hacer con los medicamentos que ya habían sido distribuidos y las consecuencias económicas de retirarlos.
Durante marzo, la prohibición de producción permaneció sin ser publicada. Paralelamente, el INAME rechazó nuevos planes de acción presentados por el laboratorio, mientras todavía no se emitía una alerta pública que advirtiera sobre los riesgos asociados al producto.
Finalmente, en abril, HLB Pharma anunció el retiro voluntario del fentanilo y su propia inhibición, antes de que se concretara una respuesta integral por parte del Estado. El 22 de ese mismo mes, se confirmó oficialmente que el lote 31.202 estaba relacionado con eventos adversos. Para ese momento, según la investigación judicial, ya se habían registrado 63 muertes.
En mayo, la ANMAT presentó la denuncia formal ante la Justicia, luego de que un episodio ocurrido en el Hospital Italiano de La Plata volviera a poner el caso en el centro de la escena.
La investigación también detectó que, incluso durante ese período, continuaron los contactos entre funcionarios y representantes del laboratorio. Entre los elementos incorporados al expediente hay comunicaciones que indicarían que responsables de la empresa recibían información anticipada sobre inspecciones oficiales. “Me acaba de avisar Ariel García Furfaro que mañana cae inspección”, escribió una de ellas.
La investigación no se limita a las actuaciones dentro de la ANMAT y el INAME. También busca establecer qué grado de conocimiento tenía el Ministerio de Salud sobre las irregularidades y las medidas que se discutían en torno al laboratorio.
Las exfuncionarias declararon que las decisiones de mayor relevancia eran consultadas o contaban con el aval del ministro Mario Lugones. En ese sentido, un chat del 26 de marzo incorporado al expediente muestra a Bisio preguntándole a Mantecón Fumadó si la situación podía terminar con el cierre de la planta porque, según escribió, “Mario pregunta”.
La Justicia deberá determinar ahora hasta dónde llegó esa cadena de conocimiento y responsabilidad, qué sabía cada funcionario y en qué momento tomó conocimiento de las irregularidades. Bisio y Mantecón Fumadó fueron posteriormente liberadas luego de presentar fianzas por $75 millones mediante bienes inmuebles.
La causa continúa en trámite y deberá establecer las responsabilidades individuales de quienes intervinieron en las distintas etapas del caso. También deberá determinar por qué, pese a las alertas existentes, las medidas destinadas a detener la fabricación y retirar el fentanilo del mercado no se concretaron a tiempo.