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El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este martes al ex ministro de Energía y Minería del macrismo Juan José Aranguren, al expresidente del Enargas Ezequiel Roitman y exdirectores del organismo, al impulsar una investigación por presuntas irregularidades en la fijación de tarifas de gas.
Marijuán impulsó la investigación y dispuso medidas de prueba, según el dictamen. Además el fiscal imputó al exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería, Marcos Pourteau y a la exgerente de Legales del Enargas, Marcela Valdez.
Se trata de una denuncia presentada por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal.
En el dictamen, Marijuán apuntó a un "presunto desvío funcional" por parte de los imputados, quienes "persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo".
Según la denuncia, en noviembre de 2017 el entonces Ministro de Energía convocó a productores y distribuidores de gas" para establecer bases y condiciones en la comercialización de Gas en PITS (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) fijando por dos años precios uniformes para cada una de las cuencas".
Esta circunstancia, según la denuncia, "iba por fuera de las pautas de libre competencia- y contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, que habría sido inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas".
"Según sostiene el denunciante la presunta maniobra desplegada habría tenido su corolario en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, cuando se pretendió que la variación del valor de cambio fuera afrontado por los usuarios, en cuotas y frente a los reclamos efectuados, aquella diferencia traducida en una suma dineraria fue absorbida por el Estado Nacional", explicó el fiscal en su dictamen.
Marijuán dispuso medidas de prueba, entre ellas el envío de un oficio al Enargas para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un "detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente" en el tema.
Al organismo también se le pidió "un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PTS" desde el año 2016.
Además la fiscalía requiró al Ministerio de Desarrollo Productivo el envío de documentación.
Por último el fiscal requirió una copia del Decreto 1053/18 de Modificación del Presupuesto General para la Administración Nacional.
Por lo pronto, el fiscal del caso, Guillermo Marijuán imputó a los acusados y solicitó una serie de medidas de prueba para la investigación del caso. Una de ellas, es el envío de un oficio al Enargas para que remita en PDF las resoluciones denunciadas, además de un detalle de todas las resoluciones/actuaciones de la entidad.
Además, también se solicitó un informe con las decisiones tomadas por el organismo y que estén vinculadas a la determinación de precios para la comercialización de gas.
Como para entender un poco más la situación, Bernal detalla que en el año 2017 Aranguren solicitó la presencia de los productores y distribuidores de gas para charlar sobre las condiciones de comercialización en Argentina. En ese momento, con el fin de la emergencia decretada tiempo antes, el precio del gas debía pasar a manos de un régimen de competencia. Algo que nunca llegó, ya que Aranguren, con la ayuda del resto de los denunciados, fijó el valor gas en dólar para los contratos de los años 2018 y 2019.
La decisión no pasó desapercibida, mucho menos después de estar en la mira por los tarifazos realizados en el servicio. Finalmente Aranguren dejó su cargo por solicitud del ex presidente Mauricio Macri y una orden judicial denegó la posibilidad de que se ejecuten los aumentos.
Si bien en aquel entonces intentaron que la deuda provocada por el ex ministro sea absorbida en 24 cuotas por los usuarios, el Gobierno decidió que el estado le pagara a las empresas el daño económico por Aranguren, por un valor de 168 millones de dólares.