Capital federal.- El presidente Mauricio Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni en el marco del acuerdo que el Estado nacional alcanzó con el grupo Socma (cabeza del Grupo Macri) por la deuda del Correo Argentino. También solicitó la misma medida para Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, y Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio. Según el requerimiento difundido por el Ministerio Público Fiscal, Zoni impulsó la acción penal ante el juez Ariel Lijo, a quien también le pidió las primeras medidas de prueba para investigar el acuerdo que tanta polémica generó en la última semana.
La imputación deriva de dos denuncias penales que llegaron a los tribunales de Comodoro Py. Una fue presentada por los kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti y la otra, por un abogado particular. Tal como se explica en el dictamen del fiscal, las acusaciones están dirigidas a que “se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa Correo Argentino, en relación a la deuda que la misma tiene con el Estado nacional”.
Además de Macri, Aguad y Mocoroa, el fiscal Zoni no descartó imputar a otras actores. Además, hizo hincapié en que las dos denuncias que derivaron en las imputaciones también tienen una similitud al dictamen presentado la semana pasada por la fiscal general Gabriela Boquín. En aquel escrito -que desató la polémica- se estimaba que el beneficio que recibiría el Grupo Macri por la condonación de la deuda llegaría a los $70 mil millones, considerado por ella “abusivo”. Según el plan, la empresa se comprometió a pagar en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) y con un interés del 7%, sólo sobre el capital de la deuda, y las partes destacaron que se trataba del pago de 600 millones de pesos, más del doble de la suma inicial de casi 300 millones (a 2001).
Pero Boquín sostuvo que ese convenio implicaba una quita del 98,2% porque no regían los intereses y que era abusivo porque, a criterio del área financiera de la Procuración (DAFI), para 2033 provocaría un perjuicio en el Estado de 70.163 millones de pesos.
La respuesta de Laura Alonso
“Yo pongo las manos en el fuego por mí, no las puedo poner por ningún funcionario. Más que nada porque estoy a cargo de la Oficina Anticorrupción y los tengo que investigar, y me considero una muy buena profesional”.