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Japón: aprueban el uso de la píldora para abortar

El Ministerio de Salud anunció que un laboratorio recibió la autorización. Había presentado la solicitud en 2021.

La píldora abortiva fue aprobada por primera vez en Japón, donde la interrupción del embarazo por procedimiento quirúrgico es legal desde hace más de 70 años. De todas formas, la operación no está cubierta por el seguro médico y, en general, requiere el consentimiento del cónyuge o pareja.

El Ministerio de Salud anunció el viernes por la noche la autorización para el uso de la píldora abortiva del laboratorio británico Linepharma, que había presentado su solicitud en diciembre de 2021.

El tratamiento combina la mifepristona, que detiene el desarrollo del embarazo actuando sobre la hormona progesterona, y el misoprostol, ingerido entre uno y dos días más tarde, que desencadena contracciones y hemorragias. Este método está autorizado en numerosos países. El visto bueno en la nación asiática para poner fin a un embarazo de hasta nueve semanas es consecuencia del dictamen de un comité ministerial alcanzado tras largos debates.

Según la televisión pública NHK, el costo total de la píldora abortiva y de una consulta médica ascenderá a unos 100.000 yenes (737 dólares), que no serán reembolsados por el seguro médico. Actualmente, no se puede comprar sin el consentimiento de un médico, no está cubierta por el seguro y es el único medicamento que debe ingerirse frente a un farmacéutico para evitar el mercado negro.

La noticia se conoce en medio de una fuerte avanzada conservadora en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema revocara el año pasado del fallo que garantizaba el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde la década del setenta, dejando la decisión en manos de los estados. Además, hace dos semanas, un juez de Texas suspendió la aprobación de la mifepristona a pedido de grupos cristianos y conservadores.

Una semana después, la misma Corte que derogó el aborto el año pasado, decidió garantizar el acceso a la píldora en respuesta a un recurso presentado por el gobierno comandado por Joe Biden, mientras el caso legal se resuelve en los tribunales.

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