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El paciente con coronavirus que estaba internado en el Sanatorio porteño Otamendi y al que un juez federal había ordenado tratarlo con dióxido de cloro murió este lunes por la noche.
Se trata de Jorge García Rúa, quien presentaba un cuadro grave de COVID-19 que motivó que el hijo de su esposa, también fallecida a causa de la enfermedad, hiciera una presentación ante la Justicia Federal para solicitar que el hombre recibiera de manera urgente ese producto.
Pese a que la Sociedad Argentina de Infectología y la propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) rechazaron la aplicación del compuesto químico por su peligrosidad, el juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, hizo lugar al pedido de la familia de Jorge García Rúa e instó a los doctores que atienden al infectado a administrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones.
"La cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora", señaló el fallo judicial.
"A la luz de la documentación acompañada, no se advierte una imposibilidad de orden médica para la implementación de los tratamientos prescriptos y adecuado al caso de autos, que además es de urgente realización ya que puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento consecuente a adoptarse de manera inminente o, en su caso, salvar la vida del paciente", agregó el magistrado.
La solicitud original ante la Justicia Federal fue presentada el 7 de enero por los hijos del paciente y el médico Dante Converti, que se desempeña en el Sanatorio Otamendi y quien resaltó que el contagiado "no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno" ante "su compromiso pulmonar severo". La esposa del afectado, llamada Alicia Martha Trezza, tenía el mismo diagnóstico y falleció el 6 de enero.
La medida causó repudio en la comunidad científica en general y en los médicos del Otamendi en particular, quienes este domingo se movilizaron en contra de la orden del Pico Terrero. "Nos manifestamos haciendo cumplir nuestro juramento hipocrático", decían en un folleto.
Por su parte, el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio, calificó de "mala praxis judicial" al fallo del juez. "¡Es una locura lo que se ha hecho! Es un caso de desmesura de lo que significa la judicialización de la medicina, que si bien en algunos casos puede ser beneficiosa para dar respuestas justas a pacientes que lo requieran, en este caso es todo lo contrario, absolutamente perniciosa", agregó y resaltó que la disposición va "en contra de toda la evidencia médica disponible", además de que "no está autorizada por la ANMAT".
El especialista advirtió que "hay un mal proceder judicial y una actitud criminal del médico que indica esta prescripción". En este sentido, puso sobre el tapete "la competencia de los médicos" y sostuvo que "debería exigírsele a los médicos que renuevan su matrícula médica cada cinco años".