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David Schlereth
Presidente del Concejo Deliberante de Neuquén
El inicio de clases marca en la agenda pública lo que ya casi podría considerarse un “conflicto estacional”, algo que si no fuera por su dramatismo resultaría gracioso. Una nueva negociación protagonizada por las autoridades del gobierno provincial y los representantes gremiales que antes de iniciarse ya condicionó el dictado de clases y que, según sus resultados, puede significar reeditar el drama para alumnos y una tragedia para la sociedad, que ve cómo se remata el futuro sin darles a nuestros niños y jóvenes la posibilidad de tener igualdad de oportunidades por medio de la educación.
En épocas en que ya nadie discute que el acceso al conocimiento y a la educación, es fundamental para el desarrollo personal y colectivo; la respuesta por parte de las autoridades y representantes gremiales es deficiente, y sus consecuencias provocan que los chicos no tengan clases sistemáticamente. A esta altura de los acontecimientos y luego de recurrentes frustraciones, debemos buscar la solución que se puede aportar desde la responsabilidad que cada uno tiene ante una situación que año a año entierra más nuestro futuro.
Resulta paradójico que desde el Estado se plantee debatir acerca de los contenidos pedagógicos y la calidad educativa y desde los sectores gremiales le contesten reclamando por salarios y cuestiones de infraestructura escolar. La tensión entre los derechos de los alumnos y los derechos de los educadores aumenta cada año ante el inicio del ciclo lectivo, y quizás a esta altura de los acontecimientos sea necesario que comience a intervenir uno de los poderes del Estado que se ha mantenido al margen. Me refiero al Poder Judicial: que actúe para que el derecho constitucional a la educación prescripto en el Art. 14 de nuestra Carta Magna se cumpla. Parece que la cuestión salarial que defiende el gremio, o las deficiencias de infraestructura o de provisión de insumos que las autoridades educativas tratan de justificar, están siempre por encima del derecho de los alumnos no sólo de ir a una escuela, sino de recibir los contenidos en condiciones normales. Estoy convencido de que los docentes deben tener vocación y buenos salarios, pero en la puja de intereses que representa el reclamo legítimo a un mejor salario no se puede violar el derecho de los alumnos a la educación, situación que sistemáticamente sucede cada año. Esto se resuelve asumiendo con responsabilidad que lo más importante es el alumno.