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El fiscal jefe Fernando Rubio solicitó a la Policía de Neuquén que ponga en marcha las medidas necesarias para que se libere un terreno municipal que fue ocupado el pasado viernes por 30 familias a la vera de la ruta provincial N° 48, en San Martín de los Andes. Si el predio no se desocupa, pidieron que la fuerza provincial realice un desalojo.
Según informó el portal Realidad Sanmartinense, las familias de San Martín se instalaron el viernes por la noche en el terreno municipal y montaron al menos 12 carpas. Iban acompañados de niños pequeños, y se quedaron en este predio ubicado en las cercanías del nuevo hospital, en dirección a la EPET N°21.
A través de una nota que remitió el sábado 6 de noviembre al jefe de la Comisaría 23 de la ciudad, Rubio le pidió que “en carácter urgente” disponga “los medios necesarios para hacer cesar los efectos del delito, conforme a las facultades y obligaciones de su cargo”.
Asimismo, estableció un plazo de dos horas para que se cumpla con este requerimiento y destacó que, eventualmente, “en caso de persistir el delito” la fuerza provincial proceda a “desalojar el predio de ocupantes ilegales”.
El representante del Ministerio Público Fiscal también dispuso que se mantenga custodia policial en torno al predio para evitar la consolidación de la ocupación ilegal. Además, solicitó que se impida el ingreso de más personas al terreno, así como el traslado de materiales de cualquier tipo o la conexión a los servicios.
Durante el fin de semana, la Municipalidad de San Martín de los Andes hizo intentos para desactivar la toma, por lo que iniciaron un censo para conocer la cantidad de personas que ocupaban los terrenos y sus necesidades habitacionales.
El director municipal de Vivienda, Carlos Menéndez, que recientemente se sumó al gabinete de Carlos Saloniti, estuvo en el lugar para entrevistarse con las familias, quienes aseguraron que no se van a retirar del predio sin tener una confirmación de poder acceder a un terreno con facilidades de pago.
Aunque desde el portal de noticias se informó que eran 30 las familias que ocupaban los terrenos, desde la Justicia neuquina señalaron que son apenas 15 los que se afincaron en estas tierras públicas de manera ilegal. Según indicaron los propios ocupantes, su decisión se basó en la falta de oportunidades para acceder a una vivienda o un lote.