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Luego del anuncio del Gobierno para intentar modificar la fracasada Ley de Alquileres, se hizo una nueva reunión entre propietarios, inquilinos y el sector inmobiliario para acercar posiciones pero terminó en fracaso.
Según fuentes oficiales, la reunión hecha en la Secretaría de Comercio Interior tuvo momentos acalorados y finalmente se decidió disolver la mesa a nivel nacional, pero se propuso continuar las negociaciones en cada distrito.
De todas las propuestas que recibió el Secretario de Comercio Interior, Ricardo Feletti, (entre ellas usar un índice de aumentos alternativo y hacer ajustes semestrales) la única que quedó en pie es la de aplicar un impuesto a las viviendas vacías.
La idea con esa medida es intentar llevar más propiedades al alquiler, aunque desde el sector inmobiliario ya advirtieron que su efecto será negativo. “(...) Establecer un impuesto a la denominada ‘vivienda ociosa’ o (...) en nada contribuirá a incrementar la oferta de inmuebles en locación, sino (...) solo podría profundizar el retiro de la oferta de una mayor cantidad de unidades”, aseguraron desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba).
La Ley de Alquileres cumplió en julio un año de vigencia y desde ese mes comenzó a aplicarse una actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central, que contempla la evolución de los salarios y la inflación anual, y se estableció un plazo mínimo de tres años para los contratos.
La nueva ley, cuyo espíritu era proteger al inquilino, terminó en verdad perjudicando al mercado de alquileres, sostienen desde el sector inmobiliario. Entre los puntos polémicos, los propietarios se quejan de que amplía los arreglos los a la propiedad a su cargo. Si bien siempre el dueño se hizo cargo de cualquier arreglo que no haya sido responsabilidad del inquilino, ahora se agrega que si no responde o se niega a hacer una reparación urgente, el inquilino podrá hacerlas por sí mismo y transferirle luego el costo. Entre los problemas que puede generar esto último, dicen los propietarios, es que no habrá certeza de si el monto pasado es real. Si las reparaciones no fuesen urgentes el dueño tiene 10 días para hacerlas y en ambos casos el inquilino podrá descontar las reparaciones que haya hecho del pago de los alquileres.
Por otra parte, los propietarios se quejan de que la ley amplía las posibilidades de garantías y esta mayor variedad les genera intranquilidad. Si bien la más usada es el título de una propiedad inmueble, ahora se suman los avales bancarios, seguros de caución, garantías de fianza y garantías personales, que se documentan con recibos de sueldo, certificados de ingresos o equivalentes.
El problema, dicen los propietarios, es que si el locatario ofrece al menos dos opciones están obligados a aceptar al menos una. Según sostienen, esto provocará en la práctica que si el propietario no está convencido finalmente decida no alquilar el departamento o diga que apareció otro interesado.
Otro punto que no convence a los propietarios es que el inquilino puede rescindir el contrato sin causa después de seis meses de iniciado el contrato. Si la rescisión es con causa (como algún problema en la vivienda que impide habitarla y el propietario no lo hubiera remediado pese a ser notificado), el inquilino no estará obligado a esperar seis meses desde el inicio del contrato, no pagará multa y podrá pedir la restitución del