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Veinticinco años habían pasado del cierre de esa página oscura de la historia argentina. El 18 de agosto de 2008, ingresaron al Tribunal Oral Federal de Neuquén ocho de los principales represores que tuvieron a su cargo el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el fondo del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181, durante la última dictadura militar. Fue un momento por demás esperado. Las causas contra los represores, que incluían la investigación y la recolección de pruebas, se habían iniciado años atrás, pero las leyes de Obediencia Debida y Punto Final –llamadas “leyes de impunidad”– detuvieron todo proceso de juzgamiento. Ese 18 de agosto de 2008, Neuquén iniciaba el primer camino para condenar esos delitos de lesa humanidad.
Luego de cuatro meses de audiencias, el 18 de diciembre de ese año a los ocho militares se los halló culpables y fueron sentenciados con penas desde los 7 a los 25 años.
El tribunal integrado por los jueves Orlando Coscia, Eugenio Krom y Oscar Abrieu condenaron a Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros de Montaña 181, a Oscar Lorenzo Reinhold, jefe de Inteligencia del Comando de la VI Brigada, y Mario Alberto Gómez Arenas, jefe del Destacamento de Inteligencia, a 25 años de prisión.
En tanto, Luis Alberto Farias Barrera, quien actuaba como jefe de la División Personal del Comando, fue condenado a 22 años y los oficiales de Inteligencia Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín, a 21 años.
El médico Hilarión de la Pas Soza, quien se desempeñaba como jefe de Sanidad del Comando y se le habría probado que prestada servicios en La Escuelita, a 20 años de prisión.
Por último, los jueces condenaron a 7 años de prisión al suboficial de Inteligencia, Julio Francisco Oviedo.
Sólo dos de los ocho represores, San Martín y Molina Ezcurra, escucharon la lectura de la sentencia.
El histórico fallo fue celebrado por las víctimas que dieron su testimonio después de muchos años de sufrir las más crueles torturas físicas y psicológicas, y por familiares y amigos de desaparecidos y organismos de derechos humanos, entre otros.
Desde la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), Noemí Labrune señaló que se demostró que la justicia “es posible”. “Pero no hay que aflojarle ni debajo del agua, como decía el obispo Jaime de Nevares cuando nos convocó a formar la APDH y a luchar por la justicia”, añadió.
Los ocho represores se mantuvieron en silencio durante todas las audiencias del debate. Todos los acusados se ubicaron frente al presidente del tribunal y respondieron que nada tenían que decir, dejando entrever que todo estaba dicho.
Ninguno de los ocho represores demostró nunca tristeza alguna y menos aún algún atisbo de arrepentimiento por los hechos que se comprobaron durante el proceso judicial. Alguno que otro se mostró, a lo largo del juicio, siempre cabizbajo.
La sentencia dictada el 18 de diciembre de 2008 dejó establecidas las responsabilidades de los condenados, el contexto en que fueron perpetrados los delitos de lesa humanidad y los verdaderos móviles de la represión por parte del Estado.
Como bien dijo Labrune, el juzgamiento de estos represores “ha reconstruido una historia que nos ha marcado a todos a sangre y fuego. Una historia que se quiso escribir en la clandestinidad y el ocultamiento y que ha salido a la luz gracias a la valentía de quienes relataron las cobardes acciones de las que fueron víctimas”.
Georgina Gonzales. Periodista de LM Neuquén que cubrió el juicio
El primer juicio de La Escuelita fue para mí una de las experiencias más importantes como periodista. Me sentí con mucha suerte de poder estar en el lugar donde finalmente los represores serían juzgados y donde muchas víctimas contaban por primera vez sus sufrimientos.
No pude no sentir las ganas de que los represores contaran dónde están los cuerpos de los desaparecidos, que por fin Inés y Oscar Ragni supieran dónde está el cuerpo de su hijo Oscar. Lamentablemente no dijeron nada. Durante la cobertura de las audiencias fueron muchas las
declaraciones que me marcaron. Diez años después de aquellas intensas jornadas en el Tribunal Oral Federal recuerdo mucho el sufrimiento que compartió Islanda Becerra, quien cuando fue secuestrada el 15 de diciembre de 1976 tenía 19 años y había sido mamá cuatro meses antes.
Becerra fue separada de su hija y en su declaración contó cómo la torturaban poniéndole la picana en sus pechos llenos de leche. Esas audiencias eran muy fuertes para todos, especialmente para las víctimas y familiares. Había en todo el ambiente una mezcla de fortaleza, dolor y sufrimiento.