La investigación detectó fraudes por unos 800.000 euros a 38 víctimas y reveló transferencias de dinero destinadas a un clan de la camorra.
Las autoridades italianas desarticularon una red criminal que operaba entre Italia y España, y se dedicaba a cometer fraudes informáticos para vaciar cuentas bancarias y derivar parte del dinero hacia integrantes de la mafia napolitana.
La investigación fue dirigida por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Nápoles y derivó en la detención de dos empresarios vinculados al sector automovilístico, mediante una orden emitida por el juez de instrucción (GIP) del Tribunal de esa ciudad del sur italiano.
El operativo fue ejecutado por la Unidad Especial de Policía Monetaria de la Guardia di Finanza, con el apoyo de las unidades de policía financiera de las comandancias provinciales de Caserta y Milán.
Los investigadores establecieron que la organización criminal utilizaba distintos métodos de fraude digital para acceder a sistemas bancarios y obtener datos personales de las víctimas. A partir de esa información, los integrantes del grupo realizaban transferencias hacia cuentas controladas por la red.
La investigación determinó que al menos 38 personas en Italia fueron víctimas de estas maniobras y que el dinero sustraído alcanza aproximadamente los 800.000 euros.
Las maniobras de fraude detectadas incluían distintos tipos de engaños digitales dirigidos a obtener acceso a las cuentas bancarias de las víctimas. El sistema combinaba técnicas conocidas como phishing, smishing y vishing, que consisten en el envío de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas para obtener información sensible.
Según la información oficial publicada por la Guardia di Finanza, la estafa se llevaba a cabo de diversas maneras. “La primera, y la más común, consistía en enviar a la víctima un SMS o correo electrónico, aparentemente desde el banco donde había abierto una cuenta corriente, informándole de la correcta ejecución de transferencias bancarias u otras instrucciones de domiciliación bancaria”, precisó el organismo.
“El estafador, haciéndose pasar por un empleado del banco encargado del sistema antifraude, inducía a la víctima a realizar una transferencia bancaria instantánea a otra cuenta corriente, vinculada a la organización criminal”, explicó.
En tanto, “un segundo esquema consistía en la activación fraudulenta de una copia de la tarjeta SIM de la víctima, asociada a su cuenta corriente”, operación que “les permitía acceder a la banca en línea y, una vez recibida la contraseña temporal (código OTP) vía SMS, transferir instantáneamente los importes existentes en las cuentas corrientes a cuentas bancarias atribuibles a la organización”.
De acuerdo con los resultados de la investigación, el dinero obtenido mediante los fraudes era transferido rápidamente a otras cuentas bancarias. En algunos casos esas cuentas se encontraban en el extranjero.
Los investigadores indicaron que parte de los fondos era retirada en efectivo, mientras que otra parte era utilizada para adquirir monedas virtuales, consideradas por la organización como una inversión que dificultaba la identificación de los titulares de los monederos digitales.
La investigación judicial estableció, en concreto, que aproximadamente el 40 % del dinero obtenido mediante las estafas era entregado en efectivo a integrantes del clan Casalesi.
Esos recursos eran utilizados para financiar las operaciones del grupo mafioso y para sostener económicamente a las familias de miembros de la organización que se encuentran en prisión.
En el marco de la causa se realizaron 21 registros en viviendas y locales comerciales ubicados en distintas provincias italianas. Los procedimientos se llevaron a cabo en Nápoles, Caserta, Módena, Benevento, Potenza e Isernia.
La investigación involucra en total a 24 personas, y además de los dos empresarios detenidos, otros sospechosos están bajo investigación por presunta asociación ilícita, fraude informático, blanqueo de capitales y autoblanqueo.
Para seis de los investigados se incorporó la circunstancia agravante de ayuda al clan Casalesi.
Pese a todo esto, las autoridades judiciales aclararon que “la medida ejecutada es cautelar, y está dictada durante la instrucción del sumario, contra la cual cabe recurso de apelación y los destinatarios de la medida son personas investigadas y por tanto se presumen inocentes hasta tanto recaiga sentencia firme”.