Tras una decisión de la justicia ante la demanda de un descendiente de italianos, crece la expectativa por frenar la restricción del gobierno.
Mientras el gobierno de Giorgia Meloni intenta restringir el acceso a la ciudadanía italiana por motivos políticos, judiciales y económicos, la Corte Constitucional de Italia trazó un límite. En respuesta a cuestionamientos surgidos desde diversos tribunales, la máxima instancia judicial confirmó la validez de la ciudadanía por descendencia, sin tope generacional automático.
Aunque la resolución no equivale a un pronunciamiento general ni modifica la ley de forma inmediata, sienta un precedente clave. El caso puntual que motivó el fallo, iniciado por un descendiente de italianos cuya solicitud había sido rechazada por no cumplir con las condiciones nuevas impuestas este año, fue resuelto con una postura clara: el vínculo filial continúa siendo un fundamento suficiente para reconocer la ciudadanía.
La decisión fue celebrada especialmente en Argentina, donde una parte considerable de la población guarda vínculos directos con inmigrantes italianos. Desde el entorno de solicitantes, abogados y gestores, se interpreta como una ventana de oportunidad para resistir la reforma que limita el derecho a los hijos y nietos de italianos nacidos en Italia, excluyendo generaciones posteriores.
En mayo, el Parlamento italiano dio luz verde al decreto impulsado por el gobierno de Meloni, con el objetivo declarado de “ordenar” el acceso a la ciudadanía y evitar abusos. Con el respaldo del Senado y la Cámara de Diputados, la nueva normativa eliminó el reconocimiento automático a descendientes de tercera generación o más, salvo excepciones específicas.
El texto establece que, para que una persona nacida en el extranjero pueda tramitar su ciudadanía, debe demostrar que su padre, madre, abuelo o abuela nació en Italia y no cuenta con otra nacionalidad. En ciertos casos, se admite la residencia previa de uno de los progenitores en suelo italiano durante al menos dos años consecutivos antes del nacimiento del hijo.
Esto afecta de lleno a miles de argentinos que ya no podrán iniciar el proceso de forma administrativa por vía consular. Solo quienes presentaron toda la documentación completa hasta el 27 de marzo de 2025, antes de las 23.59 (hora de Roma), podrán avanzar bajo las condiciones anteriores.
La nueva ley busca desalentar el uso del pasaporte italiano con fines exclusivamente prácticos, como acceder al mercado laboral europeo. Desde el oficialismo se señaló que muchos descendientes en América Latina —en particular en Argentina y Brasil— solicitaban la ciudadanía sin conocer la lengua ni mantener vínculo cultural con Italia.
Aunque el fallo de la Corte Constitucional no anula la reforma, se interpreta como una señal contundente. “Esto es solo el comienzo”, afirmó Esther Russo, especialista en trámites de ciudadanía. Según explicó, el caso resuelto puede abrir el camino para que otros descendientes —incluidos bisnietos y tataranietos— recurran a la vía judicial. Si se repiten decisiones similares, el sistema legal italiano podría construir una jurisprudencia que limite el alcance del nuevo decreto.
También se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema contra Meloni una vez finalice el receso judicial. Si esta confirma lo dicho por la Corte Constitucional, el gobierno enfrentará un dilema: corregir el decreto o exponerse a un aluvión de reclamos individuales que podrían saturar los tribunales.
Para las familias argentinas con ancestros italianos, el panorama es mixto. Por un lado, la vía administrativa quedó vedada para buena parte de los solicitantes. Por el otro, se abre un sendero judicial que, aunque más lento y costoso, puede permitir acceder a los derechos históricos que la nueva legislación pretendía recortar.