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El fiscal jefe confirmó que el exministro de Desarrollo Social está entre los nuevos imputados en la causa. Más detalles de las maniobras fraudulentas.
En unos días la causa por la millonaria estafa con planes sociales que sacude al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén tendrá nuevos imputados. Entre ellos, el extitular de la cartera Abel Di Luca, quien renunció a su cargo el pasado 27 de octubre, dos meses antes de cumplir un año de gestión y luego de que la investigación de la fiscalía de Delitos Económicos destapara la olla con una auditoría abierta en el Tribunal de Cuentas.
En diálogo con LMNeuquén, el fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó que el exministro deberá designar abogado defensor dado que en estas horas están definiendo la acusación que se le formulará el mes próximo, tanto a él como a otros cuatro funcionarios que también están involucrados en las maniobras fraudulentas que tuvieron lugar entre diciembre del 2021 y octubre del 2022.
"Tenemos varias decisiones que tomar en relación a definir cuál habría sido su rol y su participación. Aún estamos analizando información y cruzando evidencias. Calculo que pediremos la audiencia la semana que viene, la fecha la establece la oficina judicial", señaló Vignaroli, antes de dar los nombres de los otros integrantes del Ministerio de Desarrollo Social a los que también se les formularán cargos.
Uno de ellos es Tomás Siegenthaler, quien actualmente se sigue desempeñando como Coordinador Provincial de Administración, cargo que se le asignó en febrero del 2022, a pedido de Di Luca. Por su rol era una de las personas de confianza del extitular de la cartera para manejar el Ministerio, junto a otros funcionarios como el exdirector de Planes Sociales de la Provincia de Neuquén, Ricardo Soiza, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva junto a Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna, a cargo de la Dirección de Fiscalización y del Departamento de Gestión de Programas Sociales, respectivamente.
También se le formularán cargos a los contadores Luis Gallo, Laura Resnik y Julio Arteaga y una empleada de apellido Oviedo, que forman parte de la Dirección General de Administración del Ministerio.
"Por las manos de ellos pasaba todo", remarcó Vignaroli antes de describir el mecanismo de funcionamiento que los involucra directamente.
En ese sentido, el fiscal jefe contextualizó que Soiza, por decreto, tenía la facultad de decir quién podía cobrar el plan y quién no y los montos a percibir por cada beneficiario. En ese marco, enviaba a la Dirección General de Administración un expediente oficial con el listado de quienes estaban en condiciones de recibir la ayuda económica estatal. Sin embargo, la Dirección acreditaba los pagos a partir de una planilla Excel que se enviaba por mail en paralelo y de manera informal. La misma enlistaba a menos beneficiarios pero con asignaciones que sumaban el mismo monto total detallado en el expediente oficial. Además destinaba a un subgrupo un haber mayor que al resto.
A modo de ejemplo: si en el expediente oficial se aprobaban planes para unas 4 mil personas por un determinado monto total, en el Excel se distribuía esa cifra entre unos 3 mil personas que recibían en dinero en concreto, dentro de las cuales unas 100 y 200 personas cobraban más que el resto. Si el aporte en general era de alrededor de 10 mil pesos, a ese subgrupo se le depositaba 49.500 pesos.
"Ellos al final cerraban la cuenta poniendo que esas 4 mil personas habían cobrado el subsidio, cuando en verdad no había sido así, habían cobrado solo las 3 mil personas de lo que yo llamo 'el listado blue', que se manejaba por fuera del expediente", sostuvo Vignaroli, al tiempo que añadió que "era muy fácil darse cuenta" que tanto la cantidad como los montos de las acreditaciones bancarias no correspondían con lo detallado oficialmente.
Las números cerraban, a su vez, gracias al accionar de integrantes de la contaduría de la provincia que daban su aval. En ese marco, la mirada está puesta especialmente en Julio Arteaga.
En cuanto a la responsabilidad de Di Luca, el fiscal expresó: "En teoría un ministro tendría que saber todo lo que pasa en su ministerio. La estructura del Ministerio de Desarrollo Social es tan grande que normalmente la cabeza delega y descansa en sus personas de confianza. Lo que nosotros tenemos que dilucidar es si esa confianza fue violada o si estaban todos en connivencia".
El fraude con las tarjetas de débito se conoció a finales de julio del 2022. Un beneficiario de los mismos denunció que le habían vaciado la cuenta y radicó la denuncia en el BPN.
La maniobra que se investiga es la entrega de subsidios por unos 8 mil pesos donde los beneficiarios recibían las tarjetas con las claves, pero las tenían que entregar a otras personas –que no eran los titulares de cuenta- para hacer las extracciones en los cajeros. Los montos de los subsidios eran mayores, alrededor de $50 mil, y los beneficiarios nunca se enteraban.
El banco tiene registros fílmicos del accionar. La fiscalía analizó en detalle cientos de documentos que llevaron a que la investigación sea declarada compleja con un plazo de realización hasta el 29 de noviembre de este año.
En julio de este año, luego de que quedaran detenidos y en prisión preventiva por entorpecimiento de la investigación Soiza, Osuna y Sanz, Vignaroli explicó cómo era la estructura mediante la cual se orquestaban las estafas con los subsidios para desocupados.
"La Dirección de Planes Sociales tenía una característica: las personas que trabajaban allí no eran de planta permanente, sino que eran contratadas, por lo cual existió siempre una manipulación relacionada con que si hablaban, si contaban se quedaban sin trabajo", sostuvo el fiscal jefe en una rueda de prensa.
"Tampoco tenemos que perder de vista que estas eran personas que nunca habían tenido un trabajo registrado. Eran personas que nunca habían estado en el mercado laboral formal, con lo cual ellos veían en esta situación una posibilidad de tener un ingreso regular, mensual. Entraron en un círculo vicioso en el que se veían obligados a hacer determinadas cosas porque que si no, la amenaza era clara: 'si no lo hacen, se quedan sin trabajo'", advirtió.
"Estas prácticas se venían haciendo desde hacía muchos años. Habían montado en esa Dirección un sistema clientelar. Dentro de ese sistema clientelar el dinero llegaba a aquel que lo necesitaba, mientras una porción de ese dinero lo utilizaba esta asociación (ilícita) conformada dentro de la Dirección para negocios propios en principio, pero también para algunas actividades políticas", señaló.
"Cuando formulamos cargos hablamos de una asociación ilícita que tenía distintos niveles, con un grupo de organizadores que eran Soiza, Sanz y Osuna. Ellos estaban en condiciones de disfrazar administrativamente el modo en que se hacían del dinero. Después había otro grupo de personas, a quienes nosotros llamábamos los reclutadores, que se encargaban de encontrar gente a cuyo favor daban de alta un plan, con cuentas de las cuales sacaban dinero mal habido", puntualizó.
"Después había un tercer grupo, los extractores, que estaban encargados de las tarjetas de débito de los titulares de las cuentas para ir a los cajeros automáticos para sacar el dinero", explicó en esa ocasión.