Estafa con planes sociales en Neuquén: la Justicia le confirmó la preventiva a Soiza

Un Tribunal de Impugnación confirmó la prisión preventiva para Ricardo Soiza, ex jefe de Planes Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, quien está preso en el marco de la investigación de una megaestafa con fondos que supuestamente iban a los que más necesitaban.

El 6 de julio, un juez de Garantías le dictó la preventiva por cuatro meses y el 13 del mismo mes un tribunal lo avaló luego, lo que promovió una apelación del imputado que derivó en la confirmación de la decisión de primera instancia en la fase de impugnación.

Este martes se desarrolló la audiencia ante el Tribunal de Impugnación, en la que el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez sostuvieron la conveniencia de mantener preso a Soiza mientras se investiga su rol en la megaestafa con los planes sociales.

Vignaroli especificó durante la audiencia que la defensa “no ha demostrado una situación actual que amerite la aplicación de una prisión domiciliaria, ni de una medida alternativa a la prisión preventiva”. El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que se encuentra vigente el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Gustavo Kohon, en representación de la fiscalía de Estado, adhirió a esos fundamentos.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el tribunal de impugnación conformado por Andrés Repetto, Nazareno Eulogio y Patricia Lupica Cristo, ratificó por unanimidad la decisión del tribunal revisor que avaló la prisión preventiva por 4 meses.

Además de Ricardo Soiza, en el caso hay otros dos detenidos: Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, quienes al momento de los hechos eran funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia.

El background de la megaestafa

La causa por la megaestafa se activó el 29 de noviembre del año pasado, cuando Vignaroli formuló cargos contra 19 personas presuntamente vinculadas con trama del delito que conmovió al gobierno de Omar Gutiérrez. El fiscal les imputó integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a quedarse con fondos públicos que tenían como destino original atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.

Soiza era el director general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. La investigación se basa en elementos que indican que desde esa posición intervino como jefe de la organización; tenía dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras delictivas: Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.