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Amenazas y aprietes: la estrategia para silenciar la causa de las estafas con planes sociales

El fiscal del caso citó parte de los testimonios que brindaron personas que trabajaban en la dirección y que fueron parte de la maniobra.

Este lunes por la mañana quedaron fijas las prisiones preventivas, por entorpecimiento de la investigación, de Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna, los tres principales imputados en la causa por las estafas con planes sociales que sacude al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén.

Si bien la querella y el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, había solicitado la prisión preventiva por ocho meses, el juez Cristian Piana dio lugar a la medida, pero solo por cuatro.

En la audiencia, Narváez justificó su solicitud argumentando que existen riesgos para llevar adelante la investigación dado que otras personas, que también se encuentran imputadas, denunciaron "aprietes" y amenazas. Además el fiscal remarcó que se "ocultaron o suprimieron elementos de prueba" como dispositivos electrónicos y para ello citó parte de las declaraciones de cuatro imputados en la causa: Lucía Mariel Soto, Analía Griselda Scherer, Cristian Javier Vergara, Paula Gabriela Zeballos.

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El representante del Ministerio Público Fiscal recordó que el 29 de noviembre del 2022 los tres exfuncionarios y unas 16 personas que también trabajaban en la Dirección de Planes Sociales fueron acusados de formar parte de una asociación ilícita en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena y fraude a la administración pública en calidad de coautores. En ese marco, señaló a Soiza, ex Director de Planes Sociales, como el jefe de la mencionada asociación ilícita, al tiempo que destacó su trabajo "en bloque" con Sanz (exdirector de fiscalización) y Osuna (responsable de departamento de gestión de programas), que se manejaban como "su mano derecha".

La maniobra que se investiga desde fiscalía es la entrega de subsidios por unos 8 mil pesos donde los beneficiarios recibían las tarjetas con las claves, pero las tenían que entregar a otras personas –que no eran los titulares de cuenta- para hacer las extracciones en los cajeros. Los montos de los subsidios eran mayores, alrededor de $50 mil, y los beneficiarios nunca se enteraban.

De acuerdo al fiscal, mientras Soiza, Sanz y Osuna disfrazaban administrativamente las operaciones, un grupo de empleados de la dependencia cumplían el rol de "reclutadores" al buscar gente a cuyo favor daban de alta un plan, con cuentas de las cuales sacaban dinero. En tanto, un tercer grupo, distinguido como "los extractores" estaban encargados de las tarjetas de débito de los titulares de las cuentas para ir a los cajeros automáticos para sacar el efectivo.

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El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, junto a su integrantes de su equipo y la querella.

El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, junto a su integrantes de su equipo y la querella.

Narváez hizo alusión al testimonio de cuatro acusados en la causa que decidieron dejar de estar patrocinados por el abogado Alfredo Cury, quien -en un principio- representaba a todos los imputados, incluidos Soiza, Sanz y Osuna.

Todo iba a quedar en la nada

Algunas versiones coinciden - en parte - con lo expuesto por Isabel Montoya, esposa de Néstor Pablo Sanz que también se encuentra imputada. Después de que su marido se entregara y quedara detenido, la mujer dijo frente a las cámaras de televisión que Cury era el intermediario de Soiza y que hacía reuniones para llevar tranquilidad respecto al desarrollo del proceso judicial diciendo que "iba a quedar en la nada", además de anticipar allanamientos y dar directivas en torno a que "limpien sus casas" para eliminar elementos de prueba y solicitar de manera intimidante que no hablen.

Por un lado, Lucía Mariel Soto, se animó a prestar declaración ante el fiscal del caso, en junio de este año, luego de reemplazar la defensa del doctor Cury por otro abogado. Semanas después - a principios de junio- otros tres imputados hicieron lo mismo: Analía Griselda Scherer, Cristian Javier Vergara, Paula Gabriela Zeballos.

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Isabel Montoya, la pareja de Sanz, también está imputada en la causa.

Isabel Montoya, la pareja de Sanz, también está imputada en la causa.

"El 16 de junio, Soto Lucía Mariel contó que efectivamente ella realizaba extracciones solicitadas por Néstor Pablo Sanz y agregó que en julio del 2022, al ir al cajero, sintió que alguien la perseguía. Sanz le dijo que era un puntero, 'que no joda'. Ella empieza a hablar con sus compañeros, preocupada por la situación, y en esa instancia bajó de su oficina Soiza y le dijo que ella no iba más al cajero", manifestó el fiscal.

Al citar partes de la declaración de Soto, Narváez dijo que una vez iniciada la investigación del Ministerio Público Fiscal, Soiza le prometió contención y el patrocinio de un abogado, pidiéndole que no renuncie porque "eso iba a dar que hablar".

Soto dijo que, a partir de ese momento, se comenzaron a hacer reuniones con todos los imputados, en la que no participaba Soiza. Las mismas eran organizadas por Osuna y Sanz, con la asistencia de Cury, quien presionaba para que no busquen otros abogados y para que no hablen. "Soto dijo que se sentía amenazada por Cury, que sentía temor. Respecto a Sanz, refiere que la maltrataba a ella y a otros empleados. Dijo que en mayo Sanz se le apareció en su casa pero que ella se encerró y no lo atendió", relató el fiscal.

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"Osuna, manejando su auto, y el doctor Cury pasaron por cada uno de los domicilios de los imputados la noche anterior a un allanamiento. Le pedían teléfonos celulares y computadoras importantes para la investigación. Esto sucedió en agosto del 2022", dijo y, minutos después, relató el mismo episodio, pero citando las palabras de otro imputado: Cristian Javier Vergara, quien declaró el 4 de julio en la fiscalía.

En ese marco, Vergara también habló de esa primera reunión que tuvieron todos los imputados con Soiza, quien les prometió respaldo legal y económico. De acuerdo al declarante, el exfuncionario les dijo que iban a estar unos tres o cuatro meses sin trabajar, pero que todo se iba a "acomodar", transcurrido ese lapso de tiempo. En dicha reunión, Cury se presentó como el abogado de todos y intentó de calmas las aguas, al igual que Soiza.

"Limpiemos la casa"

En coincidencia con Soto, Vergara señaló: "A mi y a otras compañeras Osuna nos cita en una plaza a la noche para decirnos que estemos preparados porque iba a haber allanamientos, que limpiemos las casas. Al día siguiente todos teníamos que mandar un mensaje de texto con la palabra OK', cada media hora para avisarle a Osuna que no había allanamiento".

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Luego de los allanamientos, los imputados comenzaron a ser citados en la casa de Cury. Soiza ya no participaba personalmente pero si a través de Cury. Al entrar tenían que apagar sus celulares y dejarlos en la cocina. "Nos decía que no hablemos, que éramos una familia pero no nos dejaba hablar, nos teníamos que quedar en silencio. Me decía: 'Javier, ¿quién te va a creer a vos?'", citó el fiscal y agregó que el imputado dijo que se veía obligado a formar parte de la estafa bajo la amenaza de quedarse sin trabajo. "Soiza nos decía: ustedes son planta política, si no quieren laburar, se pueden ir", sostivo Vergara en fiscalía.

Zeballos a su turno también habló de la primera reunión una vez desatada la investigación del MPF, los anticipos de allanamientos, las presiones para que sean parte de la operatiria, so pena dequedarse sin trabajo y, más tarde, los aprietes para que no busquen otro abogado y se queden bajo el patrocinio de Cury.

Analía Griselda Scherer declaró también el 4 de julio ante el fiscal del caso. Además de relatar situaciones similares, remarcó que en la Dirección de Planes Sociales no había un buen ambiente de trabajo: "siempre era a los gritos y con amenazas". "Ellos tenían siempre el temor de que a fin de año se iban a quedar sin trabajo, tenían que tener cuidado con cualquier cosa que preguntaran. Relató que un día, luego de hacer extracciones, llevó el dinero a la oficina de Sanz y que en la mochila del ex director de fiscalización pudo ver un arma de fuego. Dentro de la oficina donde funciona la Dirección de Planes Sociales, ella vio un arma de fuego", recalcó Narváez y añadió que, la mujer tiene miedo "porque no sabés de qué son capaces".

Además del testimonio de Scherer, en la audiencia se hizo mención a otra arma de fuego: la que fue secuestrada en la chacra de Soiza en el allanamiento de la semana pasada. Fue el nuevo abogado del ex funcionario, Esteban Sampayo, quien precisó que se trata de un arma calibre 32 y que está registrada a nombre del ex director de Planes Sociales. "Es una herramienta de la chacra. En este momento está en poder de la fiscalía", se limitó a decir.

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