El hecho ocurrió el 23 de abril de 2025, en el Parque Industrial de Centenario. Le exigieron al responsable de una obra un pago millonario para "permitirle" continuar con la construcción de un galpón.
En una audiencia realizada este jueves, la justicia de Neuquén otorgó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation) a cinco hombres de la UOCRA, acusados de apretar e intentar extorsionar a un trabajador de la construcción en el Parque Industrial de Centenario. Como parte del acuerdo, los imputados deberán resarcir económicamente a la víctima, con un millón de pesos cada uno, y cumplir estrictas pautas de conducta para no terminar en prisión.
El hecho se remonta al 23 de abril de 2025. Según la acusación presentada por el fiscal Juan Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat, la maniobra comenzó con un contacto telefónico previo. En esa comunicación, uno de los acusados se identificó como integrante de la UOCRA y le exigió al responsable de una obra el pago de $4.000.000 para "permitirle" continuar con la construcción de un galpón.
La tensión escaló cuando uno de los involucrados se presentó físicamente en el predio para reclamar el dinero. Ante la negativa del trabajador, el hombre se retiró, pero regresó dos horas después escoltado por los otros cuatro cómplices para reforzar la amenaza. Sin embargo, la intervención policial frustró el plan: los efectivos llegaron al lugar y demoraron a tres de los sujetos en pleno acto.
La jueza de garantías Carina Álvarez avaló el pedido de la fiscalía y fijó las condiciones para suspender el proceso penal. El acuerdo incluye una indemnización, en la que cada imputado deberá abonar $1.000.000, sumando un total de $5.000.000 en concepto de reparación económica. Asimismo, deberán cumplir con trabajo comunitario y deberán prestar servicios en una asociación civil. Por otra parte, se impusieron restricciones, a través de las cuales tienen estrictamente prohibido acercarse o contactar a la víctima por cualquier medio; y deben someterse a un control judicial: deberán fijar domicilio y someterse al seguimiento de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, además de abstenerse del consumo de estupefacientes y el abuso de alcohol.
La magistrada determinó que el tiempo de la suspensión del juicio variará según la responsabilidad de cada involucrado: 2 años y 6 meses para F.V.J.O.: 1 año y 6 meses para L.A.M. y A.J.A.; 1 año para L.A.A. y E.F.A.C.
Si los acusados cumplen con todas las reglas y no cometen nuevos delitos durante estos plazos, la acción penal se extinguirá y no les quedarán antecedentes. De lo contrario, la medida será revocada y deberán enfrentar un juicio oral bajo la calificación de extorsión en grado de tentativa.