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El reciente recambio del defensor del Pueblo en la ciudad –más allá de las polémicas suscitadas por la pertenencia de Jorge Rey al MPN, el mismo signo político de la Intendencia- permitió consolidar una práctica institucional que, en el caso de la provincia, parece ignorada.
Concretamente, la reforma de la Constitución neuquina de 2006 creó la figura de la Defensoría del Pueblo provincial que, a semejanza de la municipal, se debería ocupar de actuar como contrapeso de los excesos u omisiones cometidos por las autoridades en detrimento de los ciudadanos y ciudadanas.
Pasaron 17 años y el organismo brilla por su ausencia. En la Legislatura nunca se evidenció un interés concreto en hacer prosperar los diversos proyectos que fueron presentados en la última década. Tal vez el antecedente de la gestión del ex defensor local, Ricardo Riva, que ocasionó innumerables incomodidades a los intendentes de turno con sus actuaciones, haya gravitado en el poder a la hora de gambetear la Constitución provincial.
Pero el caso de la Defensoría del Pueblo no es el único. Los sucesivos gobiernos, desde 2006 hasta ahora, tampoco parecieron muy interesados en conceder ampliación de derechos. Los institutos de democracia semidirecta de instrumentos como la iniciativa popular y consulta popular vinculante y no vinculante también tuvieron destino de cajoneo en la Legislatura.
La estabilidad jurídica de la que tanto se habla para las inversiones siempre necesarias en la provincia, bien podría tener un alcance más amplio, especialmente para aquellos cuyos derechos suelen vulnerarse tal como puede apreciarse en la cotidianeidad.