Miriam Claudia Godoy, extitular de la cooperativa, fue condenada a cinco años de prisión por 63 estafas. Habló una damnificada.
La Justicia condenó a cinco años de prisión a Miriam Claudia Godoy, exsecretaria de la Cooperativa 14 de Octubre, por 63 hechos de estafa cometidos entre familias que buscaban acceder a lotes o a una vivienda propia en la meseta de Neuquén.
El fallo se conoció ayer y se suma a la condena previa contra el expresidente Mario del Río, otro de los responsables de la maniobra en la misma cooperativa.
Florencia Sagasti, abogada y damnificada, dialogó con Radio 7 y calificó la sentencia como un antecedente inédito en este tipo de causas.
"La verdad que quedamos muy conformes acá en Neuquén. Es un fallo histórico, porque este tipo de delitos de estafa no suele tener condena", sostuvo.
La fiscalía había pedido 12 años de prisión, por lo que los cinco años dictados por el tribunal quedaron por debajo del pedido original, aunque los damnificados igual se mostraron conformes con que hubiera condena.
Según explicó Sagasti, la causa contabiliza 63 hechos de estafa denunciados ante la fiscalía, aunque aclaró que probablemente haya más personas afectadas que nunca formalizaron la denuncia. Ella misma fue una de las víctimas porque comenzó a pagar su lote en 2018 y terminó de cancelarlo en 2020, en una cooperativa que hasta ese momento tenía buena reputación.
"Sabía de un montón de amigos que ya habían recibido el lote en esa cooperativa, seria y reconocida. Pero así y todo estafaron a más de setenta familias", relató.
La mecánica, según su testimonio, incluía visitas guiadas a los terrenos, planos y listados de lotes para elegir, e incluso hubo familias que llevaron a sus hijos a conocer el terreno antes de descubrir el engaño. Sagasti calculó que en su caso la inversión equivale, a valores actuales, a unos 10.000 dólares.
En el juicio quedó acreditado que Godoy utilizó parte del dinero de la cooperativa para gastos personales: viajes al exterior, incluidos cruceros, y la compra de un vehículo 0KM.
"Se acreditó que ella viajaba al exterior, a cruceros, se compró un vehículo cero kilómetro para sus tarjetas. Todo era para uso personal", detalló Sagasti. Según agregó, las transferencias que permitieron comprar una camioneta salían directamente de las cuentas de la cooperativa, y el vehículo fue vendido apenas se conoció la causa.
En paralelo a la condena penal, la Justicia dispuso el embargo y la subasta de un inmueble que funcionaba como oficina de la cooperativa, con el objetivo de resarcir parcialmente a las víctimas. Según Sagasti, lo recaudado se repartirá entre las 63 familias reconocidas en la causa. Además, la demanda civil por el resto del monto reclamado sigue en trámite.
Para Sagasti y otras familias, el terreno original nunca apareció y buena parte del dinero tampoco. A partir del reclamo colectivo, accedió a un nuevo lote a través del IMUH (Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat), que está pagando nuevamente.
"Es triste cuando utilizan este sueño tan noble que tiene cualquier vecino, el de la casa propia, para estafar", cerró.