La orden de Fiscalía estaba hace más de diez días. Son tierras del IPVU donde aflora un descomunal negocio inmobiliario en el sector de Ruca Antú.
La noticia ya circuló por el barrio y la tensión se palpitaba en el ambiente. Autos que rondaban, vecinos que observaban los movimientos de los patrulleros, y una consigna policial apostada en un lote sobre la calle El Maíz, en el corazón de Ruca Antu muy cerca de la Autovía Norte. El desalojo en tierras del IPVU se hizo efectivo en la mañana de este jueves, por una denuncia de construcción ilegal de megainquilinatos.
La orden la firmó la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero, pero estuvo en stand by casi doce días hasta que un juez la convalidó en las últimas horas. Desde ese momento, la Comisaría 20 tenía instrucciones de actuar de manera inmediata, aunque con los recaudos.
El objetivo fue desalojar a una persona, al que de manera informal apodan "el rey de la construcción clandesatina (J.M.T.) que, según la causa, tendría vínculos directos con la construcción y el manejo de corralones de manera ilegal en la zona. Como se sabe, la zona de la meseta el la primera escala de Vaca Muerta, de todo tipo de gnetre, sobre todo extranjeros.
Actualmente, hasta antes del allanamiento y desalojo de esta mañana, estaban construyendo una suerte de gamelas, inquilinatos ilegales, de acuerdo a los datos que tiene la investigación.
Lo que hay en ese lote dice mucho más, porque se estaba levantando una estructura de siete metros de frente por setenta de largo, en lo que sería una gamela en plena construcción que, de haberse terminarse, se convertiría en otro inquilinato ilegal sobre tierra fiscal. Hay un negocio descomunal detrás, sobre materiales de construcción, venta de tierras sin papeles a empresas y alquileres en condiuciones paupérrimas, con un telón de fondo de alta conflcitividad en la zona.
Es exactamente el tipo de negocio que el IPVU busca desarticular y que lleva años reproduciéndose en la meseta neuquina sin que nadie lo frenara.
En que en Ruca Antu y los barrios que la rodean, El Trébol I y II, Choconcito, San Antonio y Las Flores, crecieron en la ilegalidad, pero también ante la necesidad y la ausencia del Estado durante años.
En esa zona, el organismo provincial tiene unas 68 hectáreas escrituradas, pero se sabe que algunas de ellas tendrán que ceder para regularizar la zona, aunque no todo. Hay extensas parcelas de un solo propietario, que están siendo relevadas para el desalojo. También familias con muchas necesidades habitacionales, pero sin un orden estatal.
Unas 6.000 familias viven asentadas sobre tierras que en muchos casos pertenecen al Estado provincial, en un entramado donde los lotes fiscales se venden y alquilan como si fueran propiedad privada, con precio, intermediarios y documentación apócrifa.
Hay corralones, empresas y "petroleras chicas" operan sobre ese suelo sin ningún título que los respalde. Detrás de todo, según fuentes vinculadas a la causa, hay organizaciones con estructura criminal que administran el negocio y se encargan de sostener las ocupaciones. El esquema sobrevivió a todos los gobiernos, que nunca intervinieron de manera sostenida.
El IPVU presentó la denuncia penal respaldada por documentación catastral que acredita la titularidad provincial de los lotes, y el organismo tiene además un plan de regularización para toda esa zona. Pero antes de regularizar, hay situaciones que no admiten otro camino y este desalojo es una de ellas.
El operativo contemplaba todas las variables. Si durante el procedimiento había menores o ancianos en el lugar, la policía debería notificar a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y al Ministerio de Desarrollo Social. Una ambulancia estaría presente para garantizar la integridad de todas las partes. Una vez desalojado el inmueble, los materiales y pertenencias quedarán disponibles para que el ocupante pueda retirarlos.