Es en el barrio Ruca Antú donde desde hace años opera la compra y venta de tierras ilegales. La trama criminal detrás del patio trasero de Vaca Muerta.
La zona de la meseta tiene tierras que son del IPVU y están ocupadas.
La Justicia neuquina quiere dar el primer golpe contra el negocio ilegal de tierras fiscales en la meseta neuquina. Específicamente con la construcción de inquilinatos y negocios indiscriminados y sostenidos, que vienen desde hace años, en tierras del IPVU, donde el gobierno pretende rehacer esa zona.
La fiscal Rocío Rivero, de la Unidad de Delitos Económicos, pidió a la Comisaría 20 desalojar de manera inmediata una construcción de 7 metros de frente por 70 de largo levantada sin ningún título sobre un lote de la toma Ruca Antú, que el catastro provincial registra como propiedad del IPVU. Esta construcción es solo una muestra de lo que sucede en la zona. Se trata de una amplia zona que es una parcela rural de 68 hectáreas pertenecientes a ese organismo provincial.
Según pudo saber LM Neuquén, la orden apunta directamente a una persona ubicada en el inmueble ubicado en la manzana de la calle El Maíz. El pedido de la fiscal fue el 8 de mayo pasado, y recién en la noche de este martes 19 de mayo fue convalidado por el juez interviniente la orden de desalojo para el ocupante. Hay tensión en el ambiente ya que ha trascendido la medida judicial.
Una vez desalojado, el lugar deberá quedar en manos de de funcionarios del IPVU, quienes presentaron una denuncia penal que abrió la causa por usurpación.
Meseta neuquina: tensiones por desalojo en tierras del IPVU
El tema ya no es más la toma de tierras para viviendas familiares, sino de una organización que construye inqulinatos, de manera ilegal y sin ningún tipo de controles, además de las conexiones clandestinas a las líneas de CALF.
El caso enciende la luz sobre un problema que se arrastra desde hace años en la meseta neuquina. En Ruca Antu y los barrios que la rodean, como El Trébol I y II, Choconcito, San Antonio y Las Flores, viven unas 6.000 familias en construcciones irregulares sobre tierras que en muchos casos pertenecen al Estado provincial.
Pero lo que hay detrás no es solo precariedad habitacional. Fuentes vinculadas a la causa describen una red organizada de compraventa y alquiler clandestino de parcelas fiscales que opera con precio, intermediarios y documentación apócrifa.
El negocio es muy diverso y ya empieza a generar preocupación con lo que se denomina "el patio trasero de Vaca Muerta".
Sobre esos terrenos no solo funcionan inquilinatos residenciales sino que también hay corralones, empresas de distintos rubros y venta a "petroleras chicas" (son empresas de servicio de pequeña escala) que llevan años usando suelo del Estado como si fuera propio.
Según las mismas fuentes, detrás de toda esa trama operan organizaciones con estructura criminal que administran los lotes, cobran canon y se encargan de sostener las ocupaciones. El esquema sobrevivió intacto a todos los gobiernos, que nunca ejercieron un control real sobre la zona.
El IPVU decidió terminar con eso en una cruzada difícil. Respaldó la denuncia con documentación catastral que acredita la titularidad provincial de los lotes y la Justicia tomó el caso. El operativo de desalojo debe ejecutarse en cuanto la Comisaría 20 reciba el oficio.
Qué pasa con el desalojo
Si hay menores o ancianos en el lugar, la policía deberá notificar a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y al Ministerio de Desarrollo Social. Una ambulancia deberá estar presente para garantizar la integridad de todas las partes.
El IPVU avisó que este desalojo es el primero de una serie. El negocio ilegal sobre las tierras fiscales de la meseta tiene los días contados, o al menos esa es la apuesta del organismo provincial.
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