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El referente del FOL, acusado por defraudar al Estado en más de 1.300 millones de pesos, aseguró que el dinero quedó en la comunidad y que no hay pruebas de lo contrario.
Tras la primera audiencia en el proceso judicial por el que la Fiscalía acusó a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur Limitada por haber defraudado al Estado en más de 1300 millones de pesos al administrar los fondos de un programa destinado a capacitaciones, las organizaciones sociales involucradas aseguraron que se trata de una campaña política para desprestigiarlos.
Así lo definió el referente del FOL y uno de los acusados, Diego Mauro, quien aseguró a LMNeuquén que el dinero recibido de parte de la Provincia fue destinado a las capacitaciones. "La mejor forma de capacitarse es trabajando y está demostrado y lo vamos a demostrar. No se puede inventar las cosas de un día para el otro, todo el laburo que nosotros hicimos con esos fondos estuvo destinado casi en un 90%, incluso lo dijo la propia Fiscalía, al pago de los sueldos de los compañeros porque nadie se capacita gratis", aseguró.
Mauro explicó que a las personas que recibían esas capacitaciones se le pagó un salario que es el que indica el convenio de la UOCRA y dijo que el resto del dinero se usó para la compra de las maquinarias, herramientas y terrenos. "Nosotros teníamos la planificación de montar fábricas para que trabajen los compañeros, proyectos productivos turísticos para que trabajen los compañeros y así están los planos y las fotos que hemos entregado a la Fiscalía. Lo que pasa que esas cosas se obvian porque está claro que es una una persecución política y una campaña política para generar un desprestigio en las organizaciones sociales", afirmó.
"En el momento oportuno presentaremos esas pruebas. Cuando la Fiscalía habla de las cosas que secuestraron en la cooperativa justamente son todos los documentos que tienen que ver con una administración de una cooperativa, no encontraron otra cosa más que libros contables, facturas, papeles de los vehículos, recibos de los compañeros y las compañeras", detalló.
Los seis imputados en esta causa tienen tres abogados defensores. Uno de ellos es Mariano Pedrero, quien destacó a LMNeuquén que entre los planteos que realizó la Fiscalía quedó claro que "todo el dinero que la Cooperativa Viento Sur recibió del Estado provincial fue destinado a la población de Neuquén, a la comunidad, se destinó al pago de personas que estaban en situación de riesgo, se destinó a obra, se destinó a capacitación".
"La misma Fiscalía señaló que el destino del dinero fue ese y no fue otro, no se planteó en ningún momento que hubiese enriquecimiento de alguno de los integrantes de la cooperativa. Eso es lo primero que surge de la formulación de cargos que se hizo. Nos parece que la Fiscalía después de eso empezó a hurgar en cuestiones que son más bien formales con una finalidad que es obvia desde que todo esto empezó, que es la criminalización de la protesta social", acusó el abogado.
Pedrero afirmó que en esta causa "hay una persecución clara y sistemática desde hace más de un año con los referentes de las organizaciones sociales". "Hoy se formularon cargos respecto de seis compañeros y compañeras. Se hizo alusión a que había un bloque de funcionarios que también iban a ser investigados, pero la investigación comenzó hace más de 9 meses y las únicas personas allanadas, expuestas públicamente, fueron mujeres que trabajan en los barrios, compañeros y compañeras que en forma solidaria trabajan con los sectores más vulnerables", subrayó.
El defensor insistió en que a los exfuncionarios que la Fiscalía anunció que también iba a investigar aun ni siquiera fueron citados a prestar declaración, ni mucho menos allanados.
"Por eso es llamativa la audiencia que tuvimos donde se vuelve a intentar señalar a los integrantes de las organizaciones sociales y nada más que eso, sin mucho fundamento porque insisto, el dinero, según la palabra de la propia Fiscalía, fue destinado a la población de Neuquén", dijo.
Pedrero ejemplificó que la capacitación en los sectores populares, en la gente que no tiene un ingreso, se realiza trabajando. "Uno aprende un oficio trabajando y no puede ponerse a trabajar a las 12 de la noche, o sea, después de estar trabajando en algún lugar. Mientras uno aprende el oficio, trabaja, realiza obras y por eso corresponde recibir una contraprestación porque si no es la esclavitud misma. Entonces, ese dinero que se pagó en concepto de salario UOCRA, como bien dijo la Fiscalía, es justamente para personas que estaban aprendiendo un oficio y a la vez que aprendían el oficio trabajaban y percibían un ingreso", concluyó.
Las organizaciones sociales también emitieron un comunicado para rechazamos la formulación de cargos que calificaron de "persecutoria" e "improvisada".
"Junto a la formulación, la Fiscalía solicitó el plazo de un año para finalizar la investigación, lo cual refleja el carácter persecutorio del proceso, ya que al finalizar el plazo, la Fiscalía se habrá tomado dos años para una investigación. Esto, contrasta con lo sucedido en julio del 2024, cuando en un show mediático, el fiscal Vignaroli salió por todos los medios a señalar que tenían pruebas suficientes contra las organizaciones", aseguraron.