Un dirigente social y una exdiputada entre los seis imputados por desviar más de 1300 millones de pesos

En una audiencia que se llevó adelante este martes, la Fiscalía acusó a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur Limitada por haber defraudado al Estado en más de 1300 millones de pesos al administrar los fondos de un programa destinado principalmente a capacitaciones. Apuntaron al referente del FOL, Diego Mauro y marcaron también como colaboración indispensable la de la exdiputada provincial Gabriela Supiccich y cuatro integrantes más de organizaciones sociales.

Fue el fiscal jefe Pablo Vignaroli, con el acompañamiento del fiscal del caso Juan Narváez, y las asistentes de Delitos Económicos Agustina Jara y Fernanda Sabatini, quienes formularon cargos a por haber defraudado al Estado a Mauro, Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larroza Velázquez; y como colaboradores indispensables a Supiccich, Federico Sánchez y Elizabeth Navarrete.

Vignaroli confirmó durante la audiencia que además de estas seis personas imputará por el mismo delito a varios ex funcionarios del gobierno provincial entre los que mencionó a Germán Chapino, y Abel Di Luca, ambos ex ministros de Desarrollo Social.

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Diego Mauro y Gabriela Supiccich, entre los seis imputados por desviar más de 1300 millones de pesos

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El fiscal detalló además que el programa cuestionado había sido iniciado en agosto del 2022 con la Cooperativa Viento Sur Limitada la que habría recibido dinero para capacitar a sus integrantes para la inserción laboral. Dijo que fueron varios los convenios que esta cooperativa firmó con el Gobierno provincial y acusó de que "el dinero no fue utilizado para la finalidad que el Estado otorgó".

Este programa se debía llevar adelante a través del ministerio de Desarrollo Social, de donde salían los desembolsos mensuales que debían destinarse a la capacitación laboral de integrantes de organizaciones sociales.

"Los fondos fueron destinados a pago de sueldos, hubo personas beneficiadas indebidamente, quienes destinaron esos fondos a gastos personales. Navarrete recibió más de 5 millones de pesos, Supicicch más de 4, que fueron destinados a gastos personales y políticos porque envío dinero al partido", detalló Vignaroli, quien dijo además que 179 millones de pesos de esos fondos se pusieron en plazo fijo con una ganancia de 30 millones.

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Además, el fiscal dijo que "también se utilizó para compra de inmuebles", y mencionó un terreno en San Martín de los Andes, otro en Junín de los Andes, Neuquén capital, y Plottier, y unos tres vehículos.

"No existen acciones para capacitar, solo existe una nómina de personas que recibían un sueldo", insistió el fiscal, quien apuntó contra Mauro del quien aseguró se le "atribuye haber pergeñado la maniobra delictiva".

Desvíos de fondos

Según detallaron los integrantes del equipo de la fiscalía de Delitos Económicos en la audiencia, el dinero recibido "no" fue destinado a los fines dispuestos por el programa. Y detallaron que fue gastado de la siguiente manera:

Se destinaron $1.093.164.103,42 al pago de sueldos -10.220 transferencias-;pagos a proveedores y servicios: $180.202.949; inversiones en plazos fijos: $179.027.945 -con una ganancia por intereses de $40.335.404-; compra de bienes e inmuebles: $23.160.756.

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Los inmuebles eran terrenos (uno en San Martín de los Andes, otro en Junín de los Andes, otro en Cutral Co y otro en la Meseta, en Neuquén capital). Y además una camioneta Renault Kangoo 2015, un camión Ford F-250 y una camioneta DFSK C32.

“Surge de lo expuesto que el dinero no fue destinado a los fines definidos por el programa creado mediante el decreto 1672/22”, concluyó Vignaroli, quien le atribuyó a los seis integrantes de Viento Sur distintas conductas para concretar la defraudación.

Más tiempo de investigación

El juez Raúl Aufranc aceptó el pedido de la Fiscalía y declaró la investigación como compleja lo que extendió el tiempo de investigación a un año más. Habían hecho este pedido centrado en que había múltiples imputados y que las maniobras fraudulentas se repitieron a lo largo del tiempo.

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La asistente letrada Sabatini presentó la evidencia y la información que sustenta la formulación de cargos, mientras que Jara requirió al magistrado que dirigió la audiencia que imponga, como medida cautelar, el embargo de bienes y cuentas a nombre de la cooperativa, como así también la inhibición general de bienes de los imputados.

Además, el juez hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas y determinó el embargo de los bienes y las cuentas de la cooperativa. Y los fondos que se encuentran en esas cuentas serán enviados a una cuenta judicial donde se establecerá un plazo fijo para evitar la pérdida de dinero mientras dure la investigación. Las cuentas quedarán congeladas durante seis meses.