Avanza la causa por el desvío de fondos de las organizaciones sociales: ex funcionarios, referentes y una diputada en la mira

La Justicia de Neuquén avanza en la causa por el desvío de fondos públicos que fueron entregados a la cooperativa Viento Sur para realizar programas de capacitación laboral para desocupados neuquinos y que, en cambio, se destinaron a la compra de inmuebles, vehículos y pago de subsidios. Por los hechos están investigados ex funcionarios provinciales del área de Desarrollo Social, referentes de las organizaciones sociales y una diputada provincial del Frente de Izquierda, que habría recibido dinero sin ofrecer contraprestación. El próximo mes podría concretarse el pedido para la formulación de cargos.

En diálogo con LU5, el fiscal jefe de Delitos Económicos de la provincia de Neuquén, Pablo Vignaroli, explicó que la investigación apunta a probar la responsabilidad no sólo de los ex funcionarios de la gestión de Omar Gutiérrez, que aprobaban los pagos mes a mes incluso cuando no había controles fehacientes por el uso del dinero, sino también a los referentes de la cooperativa, que utilizaban el dinero a discreción.

"Cuando iniciamos la investigación de planes sociales, entendemos que como reemplazo de la maniobra se creó un programa de capacitación laboral. Este programa decía que se iba a dar dinero a las organizaciones sociales para que capacitaran a personas desocupadas", expresó el fiscal.

"De acuerdo a la evidencia, terminó siendo pactado luego de una serie de cortes entre agosto y septiembre de 2022", sostuvo en relación a los acampes organizados por las organizaciones sociales que paralizaron la actividad en la ciudad de Neuquén a lo largo de varias semanas.

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Claudio Espinoza

Vignaroli aseguró que Ricardo Soiza, director provincial de Planes Sociales y uno de los principales acusados por la millonaria estafa con planes sociales, también formó parte de la reunión. Junto a las autoridades de la cooperativa Viento Sur, se entregó la entrega de montos mensuales de dinero "que se utilizó para cualquier cosa menos para capacitar a las personas", según expresó el letrado.

Según la investigación de la Fiscalía, los que gestionaban y aprobaban los pagos a la cooperativa, que ascendieron a un total de 1.100 millones de pesos durante un año, fueron el ex ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, Soiza y el ex coordinador de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, Tomás Siegenthaler.

También hay personas señaladas en la cooperativa Viento Sur. Vignaroli aseguró que son cuatro o cinco personas que eran referentes de los desocupados. El acusado con mayor visibilidad es Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, que no pudo ser localizado durante los allanamientos que se hicieron en julio del año pasado a las organizaciones. Meses más tarde, en noviembre, se allanó su domicilio.

Según se informó desde la Fiscalía de Estado tras los allanamientos, Mauro habría recibido un total de 23 transferencias a su cuenta personal del Banco Nación, en su calidad de apoderado del acuerdo de capacitación laboral con el gobierno.

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Sebastián Fariña Petersen

Esta semana, Vignaroli aclaró que hay otras personas de la cooperativa investigadas por haber recibido dinero del programa sin ofrecer una contraprestación o demostrar una vinculación directa con la actividad para la que se había destinado originalmente el aporte del Estado.

En ese sentido, es investigada la diputada provincial del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Gabriela Suppicich, que recibió unos 5 millones de pesos por parte de la cooperativa Viento Sur. "Tenemos transferencias a cuentas de ella, mensuales y muy importantes, desde la cooperativa Viento Sur sin que mediara ninguna contraprestación, como recibo o factura emitido por alguna capacitación o servicio", señaló el fiscal.

Tras ser señalada en la investigación, la legisladora neuquina recordó que es docente en la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y que fue convocada por la cooperativa Viento Sur en el marco del programa de capacitación.

El Ministerio Público Fiscal aseguró a LMNeuquén que estima que la audiencia de formulación de cargos será solicitada el próximo mes. La fecha definitiva dependerá de lo dispuesto por la Oficina Judicial.

Las organizaciones reclaman en Casa de Gobierno

En paralelo a esta investigación, las organizaciones sociales de Neuquén se concentraron este miércoles en Casa de Gobierno para reclamar por asistencia para la compra de las canastas escolares y el avance en las obras públicas en las que el gobierno provincial iba a incorporar a los desocupados para distintas tareas.

César Parra, referente del Polo Obrero, explicó en una entrevista radial que el reclamo por un "IFE escolar" se enmarca en un pedido nacional ante el fuerte incremento de la canasta escolar para los niños que comienzan el ciclo lectivo la próxima semana, que "no baja de los 250 mil pesos".

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Omar Novoa

La actividad iba a realizarse este martes, pero se postergó por la entrega de kits escolares por parte de la Municipalidad de Neuquén. Aunque el gobierno local entrega kits que incluyen mochila, útiles y guardapolvos sin costo, Parra explicó que esa canasta no tiene en cuenta otros gastos de la familia, como zapatillas o ropa. Además, no se aplica la misma política en todas las ciudades de la provincia, lo que motivó a hacer el reclamo ante Casa de Gobierno.

Por otro lado, la protesta se enfocará en las promesas incumplidas por parte de la gestión de Rolando Figueroa en cuanto a las obras públicas provinciales, en las que se iban a incorporar a 250 desocupados de las organizaciones sociales, según un acuerdo celebrado con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

"El año pasado, de 30 obras que anunciaron, sólo avanzaron seis, y sólo se incorporaron 60 compañeros", dijo Parra y aclaró que esos ingresos se dieron después de pasar por varias trabas burocráticas y dificultades. "El plan histórico de obras públicas queda para los anuncios, porque no se efectiviza", se lamentó.