Pasó de imputada a testigo en la causa por fraude en el manejo de fondos públicos que financiar una cooperativa que cortaba la Avenida Argentina desde 2021.
Los cortes de calles eran habituales en Neuquén. Pedidos de programas, fondos y capacitaciones.
A veces, el peor enemigo es el que está muy cerca, ahí, en la mesa chica de las decisiones. Y eso es lo que le pasó a la cooperativa Viento Sur, investigada por el supuesto mal uso de fondos públicos de Neuquén destinados a programas de inserción laboral, que habrían terminado con otro destino: transferencias a dirigentes, compras de tierras, vehículos y también sueldos a beneficiarios.
Se trata de una “panqueque”, o mejor dicho, de una arrepentida que fue presidenta de esa cooperativa en 2022 y que fue beneficiada con el “criterio de oportunidad” del Ministerio Público Fiscal para evitar un juicio y una eventual condena.
En otras palabras, le ofrecieron un acuerdo con los fiscales para comprometer a sus propios compañeros de militancia respecto de las decisiones que tomaban con los fondos públicos. Un intercambio de datos y testimonios a cambio de alivianar su situación judicial.
“Vos vas a estar haciendo el mismo trabajo, pero necesitamos formar otra cooperativa”, le habría dicho Diego Mauro, referente del FOL -quien hoy podría tenerla como testigo en su contra- durante los agitados días de 2021, cuando se bloqueaban las calles de la ciudad de Neuquén para presionar al gobierno por programas sociales y módulos alimentarios.
Organizaciones sociales en Neuquén: de imputada a testigo
El diálogo fue reproducido durante la audiencia de extensión de formulación de cargos en la causa por el fiscal Pablo Vignaroli. Pero la situación de la arrepentida se resolvió antes, el pasado 2 de febrero, a través de la fiscal Rocío Rivero.
En esa instancia se entendió que la mujer no tuvo el conocimiento ni la voluntad de llevar adelante una maniobra delictiva. Más bien, debía responder a las órdenes de sus superiores para conservar su trabajo dentro de la organización. Era quien realizaba las transferencias millonarias a empleados de la cooperativa y también a dirigentes, siguiendo instrucciones.
Aquí aparece una distinción técnica clave. El Frente de Organizaciones de Lucha (FOL) participó de las mediaciones con la Fiscalía junto a otras organizaciones por los cortes en la Avenida Argentina durante 2021 y 2023. Sin embargo, Viento Sur -la cooperativa vinculada a esa organización- es la que quedó bajo investigación judicial. Es decir, se creó una cooperativa para recibir los fondos.
La arrepentida pasó de imputada a testigo en la causa por unos $1.200 millones y su declaración podría complicar a dirigentes sociales y a exfuncionarios. Entre ellos, los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino, que estuvieron a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén en ese período.
Ese cambio en su situación procesal generó un fuerte debate durante una audiencia judicial en febrero pasado y abrió interrogantes sobre el papel que podría jugar su testimonio para reconstruir el circuito del dinero que el Estado provincial transfirió a la cooperativa.
La arrepentida fue presidenta de Viento Sur y la persona que firmó en agosto de 2022 el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, entonces encabezado por Di Luca. Fue un año después de los cortes de calles, tras la pandemia, cuando el gobierno decidió crear ese programa mediante el decreto 1672/22, firmado también por el entonces gobernador Omar Gutiérrez.
Los imputados en la causa sostienen que ese programa fue fruto de las mediaciones que se habían abierto con las organizaciones sociales, un año antes.
Círculo vicioso: pagos, cortes, negociaciones y alertas
El 6 de octubre de 2021 se firmó un acta acuerdo para descomprimir cortes de ruta en la que participaron el FOL, la organización Frente Popular Darío Santillán, el Polo Obrero y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En ese momento se avanzó en sentarse con el gobierno para crear programas de empleo vinculados a obra pública y merenderos, con fondos iniciales de 10 millones de pesos. Viento Sur era, en principio, la herramienta para canalizar parte de ese acuerdo.
Sin embargo, todo ese esquema comenzó a fracasar y derivó en un círculo vicioso. Tras la creación del programa, continuaban los cortes de calles; las organizaciones presionaban por los programas y las transferencias; la Contaduría General de la Provincia recomendaba no pagar, pero los pagos se realizaban de todos modos debido a la presión social. Los comerciantes, que recién salían de la pandemia, reaccionaban con enojo.
La creación de Viento Sur establecía la entrega de aportes no reintegrables para financiar capacitaciones laborales dirigidas a integrantes de organizaciones sociales, con la condición de que el dinero debía rendirse. Algo que, según la investigación, nunca ocurrió. O mejor dicho: los comprobantes presentados no tenían relación con el objeto del programa.
El punto que generó controversia es que la arrepentida declaró inicialmente como imputada ante la Fiscalía en agosto de 2024. Pero luego de que la investigación se dividiera en dos legajos -uno por extorsión y otro por administración fraudulenta- su situación cambió y comenzó a figurar como testigo.
La defensa de los acusados cuestionó esa modificación. En su momento, el abogado Mariano Pedrero planteó ante el juez de garantías Raúl Aufranc que la situación genera incertidumbre jurídica. Y en la audiencia del último miércoles, donde se amplió la formulación de cargos contra Di Luca y Chapino, la defensa volvió con el mismo planteo. Sin embargo, el juez decidió continuar con el proceso.
Según se explicó, para que una persona pase de imputada a testigo debería existir previamente un sobreseimiento o una resolución que aclare su situación procesal. Algo que, según la defensa, no consta en el expediente.
Si finalmente declara como testigo, la arrepentida podría convertirse en el eje que busca la Fiscalía para desentrañar la lógica de los pagos supuestamente fraudulentos del Estado neuquino a la cooperativa Viento Sur.
Los fiscales sostienen que los exministros Di Luca y Chapino autorizaron las transferencias pese a que el decreto que regulaba el programa exigía controles previos y rendiciones de cuentas detalladas.
La paz social como premisa en Neuquén
El expediente judicial se desarrolla en un contexto político muy distinto al que existía cuando se realizaron esas transferencias. Durante años, el financiamiento a organizaciones sociales fue parte de la estrategia estatal para contener conflictos y evitar protestas en la provincia.
Hoy, con otra mirada política y judicial, ese mismo esquema aparece bajo sospecha. Y en medio de esa disputa, la declaración de una exdirigente que formaba parte de la propia estructura investigada podría terminar siendo la pieza clave para reconstruir cómo funcionaba uno de los circuitos de financiamiento.
La teoría de la Fiscalía es que el dinero nunca se utilizó para capacitaciones laborales, sino para el funcionamiento de las organizaciones, y que los funcionarios -o al menos algunos de ellos- lo sabían.
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