Allanamientos a organizaciones sociales en Neuquén: ¿cómo avanza la causa?

La Fiscalía avanza en la investigación de la causa contra las organizaciones sociales, a un mes del megaoperativo que incluyó 14 allanamientos en Neuquén capital por denuncias de gastos irregulares por parte de la cooperativa Viento Sur, que está acusada de utilizar el dinero aportado por provincia para capacitaciones con otro fin.

Los allanamientos se hicieron en junio a Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Cooperativa Viento Sur e incluyeron la demora de diez mujeres que fueron liberadas a las pocas horas.

En diálogo con LU5, el fiscal Juan Manuel Narváez explicó que se ha avanzado en los análisis de la documentación que se secuestró cuando se realizaron los allanamientos y que están pidiendo información tanto a los bancos como a la AFIP. "Recordemos que estaba vinculada una cooperativa, Viento Sur, en donde desde ahí justamente se transfería a cuentas particulares de los imputados y por eso estamos analizando las transferencias, para después eventualmente avanzar en la formulación de cargos", aseguró.

También indicó que no podrán avanzar en ese paso hasta que no se pueda procesar todo lo recolectado, ya que "recién estamos recibiendo información de los bancos, nos vemos imposibilitados, pero lo cierto es que tenemos una hipótesis bastante sólida para poder avanzar con esa etapa".

Por estas horas, se realiza el cotejo de información sobre las transferencias, ya que deben determinar la fecha y el modo en que se llevaron a cabo.

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Sebastián Fariña Petersen

Organizaciones sociales: ampliación de denuncia

El pasado 29 de julio, el fiscal de Estado de la provincia de Neuquén, Raúl Gaitán, amplió la denuncia contra la Cooperativa Viento Sur en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Pablo Vignaroli por fraude al Estado y solicitó investigar una serie de transferencias recibidas por dirigentes políticos y sociales de parte de esta organización.

La Cooperativa Viento Sur percibió 1.183 millones de pesos en el marco de un acuerdo el anterior gobierno provincial, dinero que debía ser destinado a cursos de capacitación en oficios a desocupados y que, según la investigación en curso, esto no se habría hecho.

Según esta nueva denuncia, una de las personas beneficiadas es la actual diputada provincial del Frente de Izquierda, María Gabriela Suppicich, quien recibió 13 transferencias que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el 1 de noviembre de 2023 por un total de $4.726.469. Se destacó entre ellas una depositada en su cuenta bancaria por un monto de $1.145.154 el 5 de octubre del año pasado.

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En la nota de la fiscalía se indicó que Suppicich es licenciada en Trabajo Social y que, mientras percibía estas transferencias, se desempeñaba con cargo de docente en la Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). También cumplió funciones en diversas reparticiones públicas como, por ejemplo, en el hospital de Plottier.

“Actualmente, es legisladora provincial, habiendo tomado posesión del cargo dos meses después de haber recibido la última transferencia”, indicó el escrito.

Otra de las personas incluidas en la denuncia es el docente Federico Gabriel Sánchez, que trabaja en el Consejo Provincial de Educación y que recibió entre el 7 de diciembre de 2022 y el 1 de noviembre de 2023 la suma de $4.843.909. Y se resalta una transferencia fechada el 5 de octubre de 2023 por la suma de $1.145.154.

Gaitán observó que, por su tarea en el CPE, Sánchez no podría ser destinatario de capacitación para inserción laboral.

consejo educacion cpe neuquen

La denuncia también recayó en Marlene Emilia Coronel, quien el 28 de agosto de 2023 recibió una transferencia por $9.490,000. La destinataria, según se informó, “no figura como beneficiaria en la rendición presentada por la cooperativa como tampoco aparece brindando capacitación alguna”.

Surge del informe que Coronel le vendió a la Cooperativa Viento Sur un inmueble en la localidad de San Martin de los Andes, por lo que se presume que la transferencia mencionada corresponde al pago del inmueble adquirido por la cooperativa con fondos públicos, “en clara violación de los convenios suscriptos con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social”.