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Megaoperativo con allanamientos en Neuquén: ¿qué decía la letra chica del convenio entre Provincia y el FOL?

La Justicia investiga a la cooperativa Viento Sur por desviar más de 1100 millones de pesos que estaban destinados a capacitaciones para desocupados. El convenio, punto por punto.

Tras un megaoperativo policial, la Justicia de Neuquén informó el pasado viernes que trabaja en la investigación de un posible caso de administración fraudulenta o fraude a la administración pública por parte de las organizaciones sociales que representan a los desocupados y los funcionario públicos de aquel momento. El foco está puesto en un convenio que firmaron con la Provincia para recibir 1100 millones de pesos que la cooperativa Viento Sur debía destinar a programas de capacitación laboral. Sin embargo, los fiscales detectaron que el dinero se usó para comprar terrenos y camionetas.

En una conferencia de prensa, el fiscal jefe Pablo Vignaroli aseguró que la investigación apunta no sólo a los referentes de las organizaciones sociales, en este caso el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y su cooperativa Viento Sur, sino también a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, ya que consideró que la Provincia autorizaba los pagos mes a mes incluso cuando las organizaciones no habían rendido los gastos del mes anterior.

Tras la repercusión de esta investigación por un caso de corrupción, el ex ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, dio su versión. Aseguró que el dinero se aportó y que se hicieron los controles para determinar que los beneficiarios no fueran empleados públicos ni tuvieran un empleo formal en blanco; es decir, que fueran realmente desocupados. Aclaró que el convenio permitía la compra de herramientas para capacitación laboral, pero no especificaba a qué debía destinarse ese dinero.

"El acuerdo era para herramientas, lo que pasa que ellos dicen que un vehículo necesitaban para el tema de la capacitación. Nunca nos acercaron que habían comprado terrenos, vehículos y esas cosas sí", afirmó Chapino este lunes, tras las declaraciones de Vignaroli.

LMNeuquén accedió al texto del convenio y sus anexos. El primer acuerdo lleva la fecha del 10 de agosto de 2022. En ese entonces, se habían producido numerosos reclamos y protestas masivas por parte de las organizaciones sociales, que incluyeron cortes de calles céntricas, cortes en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti y hasta acampes a lo largo de la Avenida Argentina, que paralizaron el tránsito en toda la ciudad.

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Así, el convenio se firmó en el marco de una mediación judicial para destrabar el conflicto, mientras crecían las quejas de los comerciantes, que vieron afectada su actividad por la parálisis de la zona céntrica. Sobre todo, se vieron afectadas las jugueterías y otros locales del rubro, que esperaban la fecha para las ventas por el Día del Niño.

La letra chica del convenio entre Provincia y las organizaciones sociales

El texto del primer convenio asegura que está permitida la compra de herramientas. "Este programa se crea con la finalidad de colaborar con los integrantes de distintas Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de que gestionen capacitaciones y adquieran herramientas para insertarse en el mercado laboral y/o en emprendimientos de la economía social".

Aclara, además, que el programa pretende aportar "los medios para que sus integrantes accedan a capacitaciones y cuenten con herramientas y espacios donde realizarlas, propendiendo de esa manera a formarlos para la búsqueda de un ingreso económico para solventar sus necesidades básicas".

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El convenio designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social, y afirma que los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para recibir los aportes. Ellos eran: "Acreditar la regularidad de su inscripción, por lo que deberá contar con la certificación emitida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Neuquén y contar con cuenta bancaria radicada en BPN S.A., debiendo acreditar CBU".

Sin embargo, Chapino aclaró que se controlaba que estos beneficiarios no tuvieran un empleo formal, al tiempo que señaló que no estaba indicado qué tipo de compras se podían hacer con el dinero. Afirmó que no estaba al tanto de que se hubieran adquirido terrenos en San Martín de los Andes o Junín de los Andes y agregó que la compra de vehículos podría ser considerada como una herramienta para trabajar, según la circunstancia de cada caso.

El texto también indica que "las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán confeccionar un padrón de los posibles beneficiarios a incluir en el presente programa el que será pasible de verificaciones con los sistemas que determine el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, debiendo acompañar un informe que detalle las acciones implementadas en el marco del mismo".

¿Y cuáles eran las acciones? El mismo convenio indica que "la Organización de la Sociedad Civil quien, previa acreditación de los requisitos establecidos en el presente, deberá gestionar capacitaciones para sus integrantes, con el objetivo de formarlos para que puedan insertarse en el mercado laboral y/o en emprendimientos de la economía social".

La renovación del convenio

En enero de 2023, y en un contexto de reclamos por la quita de ayudas sociales por parte de Nación, el Poder Ejecutivo firmó un decreto para extender el convenio por otros tres meses, con el aporte de fondos a la cooperativa y también bajo la administración del Ministerio de Desarrollo Social, ahora con autoridades distintas a las que habían firmado el primer acuerdo, ya que en ese lapso se había producido la renuncia de sus titulares por el escándalo de las estafas con planes sociales.

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El nuevo decreto exigía a este Ministerio implementar las normas para el programa de fortalecimiento para la capacitación de integrantes de las organizaciones y que "previo al pago deberá verificarse la regularidad institucional de las OSC receptoras y de sus autoridades, debiendo ser certificada por el por el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo".

El artículo cuarto del decreto determina "que previo al pago deberá verificarse la regularidad institucional de las OSC receptoras y de sus autoridades, debiendo ser certificada por el por el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo".

La investigación

Después del megaoperativo que incluyó 14 allanamientos en Neuquén capital por denuncias de gastos irregulares por parte de las organizaciones sociales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a qué gastos se destinó el dinero aportado por la provincia de Neuquén a una cooperativa con el fin de crear un programa de capacitación en oficios. En el listado aparecen vehículos y terrenos en la cordillera, además de pagos de supuestos "excedentes" que no tienen ninguna relación con cursos para la salida laboral.

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Durante una conferencia de prensa, el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó que en el año 2023, la cooperativa Viento Sur recibió 1183 millones de pesos en el marco de un convenio para el desarrollo de un programa de capacitación en oficios para los desocupados que integran las organizaciones sociales. El dinero se aportaba mes a mes, pero no se rendían facturas y, según la investigación de los fiscales, nunca se destinó a cursos de capacitación.

Vignaroli explicó que en agosto de 2022 se firmó el decreto 1672 para crear un programa de capacitación de integrantes de organizaciones sociales, con una serie de aportes no reintegrables. "No es lo mismo que un aporte es no reintegrable a que sea no rendible porque son aportes públicos y todos se deben rendir, por más que se destinen a privados", aclaró el letrado.

El FOL desmintió las acusaciones

Las organizaciones sociales, encabezadas por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) hablaron en conferencia de prensa este martes, luego de los allanamientos y la demora de 10 mujeres del pasado viernes. Aseguraron que rindieron todo lo que la justicia les pidió y que todo fue usado en capacitaciones. Además, denunciaron que no les ha llegado ninguna notificación de las acusaciones ni actas por los allanamientos.

Durante la conferencia habló Diego Mauro, referente del FOL, apuntado por el fiscal Pablo Vignaroli al asegurar que no lo podían localizar. "No tenemos notificación de qué se nos acusa concretamente a ninguno de nosotros, digo nosotros porque también estoy yo y otros compañeros y otras compañeras más que no fuimos notificados y el fiscal en parte del circo que hace, anunció que yo estaba casi desaparecido y estaba dentro de la comisaría hablando con las compañeras", indicó.

Sobre los fondos que fueron destinados a la cooperativa en el año 2023, remarcó que fueron fondos destinados para tal fin. "Cuando la justicia nos exige, podemos dar concretamente detalle de todo eso. Nosotros el día 10 presentamos todo lo que la justicia nos pidió, toda la rendición del año pasado. El objeto concreto de los fondos destinados eran para capacitación, nosotros hicimos capacitación", dijo.

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La causa a Libres del Sur

Gladys Aballay, de Libres del Sur, fue una de las diez demoradas durante los allanamientos del último viernes. La organización social no está involucrada en el convenio de capacitaciones laborales rubricado por el gobierno provincial, pero sí -según Fiscalía- es investigada por otra causa.

Vignaroli aseguró que Aballay era la encargada de "tomar asistencia" a los integrantes de la organización para que asistan de manera obligatoria a marchas y cortes de ruta, según constató en grupos de Whatsapp que aparecen en los celulares secuestrados durante los operativos. Aclaró que aquellos que no concurrían perdían su premio: un bolsón de comida.

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La referente social respondió a las acusaciones. "Piensan que estamos obligados a estar un mes en el Monumento para dar alimentos a gente en situación de calle. La gente está en un partido político porque quiere", dijo y aclaró que tienen papeles para respaldar la entrega de cada bolsa de arroz o de azúcar que les entregan para los comedores.

"Si nos piden documentación, tenemos papeles de lo poco que nos dan y que cada vez alcanza menos porque la demanda crece", señaló.

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