Germán Chapino habló sobre los allanamientos y dijo que sabían de la compra de vehículos

La Fiscalía investiga posible administración fraudulenta y fraude a la administración pública, principalmente en el manejo de más de mil millones de pesos administrados por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y su cooperativa, Viento Sur. La responsabilidad, según el fiscal Pablo Vignaroli, no apunta solo a los dirigentes sociales sino a los funcionarios públicos de ese momento, entre los que se encuentran el exministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, quien -tras los allanamientos- este lunes habló de la situación y aseguró que "los controles existieron" y que tenían conocimiento de la compra de vehículos, no así de los terrenos.

El pasado viernes se llevó adelante un megaoperativo en Neuquén con 14 allanamientos simultáneos en casas particulares e institucionales, de Libres del Sur, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Cooperativa Viento Sur. Fueron demoradas diez mujeres.

Vignaroli precisó que, en el caso de Libres del Sur, la investigación es por un supuesto cobro de porcentajes de los planes, que se realizaba con previo control de asistencia a las movilizaciones. En el caso del FOL y Viento Sur, la causa es más amplia: investigan el cobro de dinero a integrantes de la organización, pero además el uso de 1.180 millones de pesos destinados a capacitaciones laborales con otros fines, entre los que figuran la compra de una camioneta Kangoo y terrenos en la cordillera.

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Sebastián Fariña Petersen

En este marco, Chapino explicó el procedimiento de control que utilizaban para la entrega de dinero, correspondiente a un convenio de capacitaciones laborales, acordado a través de una mediación en Fiscalía en julio del 2022 y que se concretó meses después. Según precisó Vignaroli, se trata de aportes recibidos entre enero y diciembre de 2023.

El exfuncionario dijo que los controles se realizaban sobre la gente que recibiría el dinero, pero no sobre el destino que tenía. "Las organizaciones, dentro de esta cooperativa Viento Sur, nos pasaban un listado de personas que ellos iban a capacitar, les iban a pagar e iba rotando todos los todos los meses", explicó Chapino, en diálogo con radio La Red. Y amplió: "Nosotros, desde Desarrollo Social, chequeábamos todos los meses que no sean empleados públicos, que no sean empleados privados, que fuera gente sin trabajo. Ahí nosotros mandábamos a Economía y Economía mandaba a Contaduría".

"Dentro del convenio podían comprar herramientas, podían comprar... bueno, ahora saltó que habían comprado unos vehículos, no sé si está bien, está mal... Pero en el acuerdo no estaba establecido qué se podía comprar y qué no se podía comprar. El acuerdo era para herramientas, lo que pasa que ellos dicen que un vehículo necesitaban para el tema de la capacitación. Nunca nos acercaron que habían comprado terrenos, vehículos y esas cosas sí", explicó el extitular de la cartera. Respecto a la falta de rendiciones sobre el uso del dinero, aseguró que "no es así porque si no, no podríamos pagar" y mencionó: "Nunca tuvimos denuncias de estas personas que no cobraban, sinceramente nunca hubo nada de eso".

"No creo que haya algo político ni nada por el estilo, me parece bien que me investiguen, no sería ningún problema, los controles existieron", dijo luego.

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Archivo.

Claudio Espinoza

El origen del convenio de capacitaciones

Chapino recordó que la existencia del convenio de capacitaciones laborales se remonta a mediados del 2022, cuando después de varios cortes de tránsito de las organizaciones sociales, la Fiscalía convocó a una mediación para llegar a un acuerdo y destrabar el conflicto.

"En esa mediación salió un convenio para estas organizaciones y otras más que después se fueron sumando. Yo asumí en diciembre del 2022, hacía 4 o 5 meses que ya se venía haciendo esto. En enero se firmó la adenda nuevamente para el año 2023".

Vignaroli informó en una entrevista con LU5 que la investigación gira en tono a la posibilidad de la comisión de dos delitos tipificados: administración fraudulenta y fraude. La administración fraudulenta se basa en que la provincia entregó fondos a las organizaciones y, presumiblemente, no controló el buen destino de los mismos, mientras eran desviados por las entidades intermedias relacionadas con los programas de asistencia.

Aunque ya no estaba en el gobierno, la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez se encargó de garantizar el último pago del convenio en diciembre del 2023. Al respecto, Chapino explicó: "Nosotros habíamos llegado hasta noviembre 2023. Lo hablamos con las personas que estábamos en el tema de la transición y nosotros les propusimos, para no tener cortes en plena fiesta y diciembre que siempre fue muy convulsivo, que, si ellos querían, nosotros le dejábamos los papeles hechos. Porque aparte, ellos asumen a partir del 10 de diciembre y si querían pagar no iban a poder por el tema de la firma, que eso demora 20, 30 días. En un primer momento dijeron que no y a los dos o tres días, dijeron 'bueno, dejen todo listo y nosotros vemos si pagamos o no pagamos diciembre', y pagaron".