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La Mañana Gladys Aballay

Gladys Aballay: "No tenemos camionetas ni terrenos, sólo ayudamos a la gente"

La referente social denunció que los allanamientos se hicieron con extrema violencia y aclaró que los únicos desvíos fueron con las estafas

Después del masivo operativo con 14 allanamientos para investigar una presunta defraudación al Estado por parte de las organizaciones sociales, la referente de Libres del Sur, Gladys Aballay, aclaró que tienen toda la documentación que avala la asistencia que brinda su espacio. Y reclamó por la extrema violencia con la que detuvieron a las mujeres.

"Fue sorpresivo porque hubo allanamientos muy violentos", dijo y afirmó: "Me sacaron el DNI y el celular. A una compañera que allanaron su casa y le apuntaron en la cabeza con un arma. A la contadora le allanaron la casa, pasaron ocho policías, ocho tipos y la hicieron cambiarse enfrente de ellos para llevarla".

En una entrevista con LU5, aseguró que piden la renuncia del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, porque busca criminalizar la asistencia social en lugar de hacer frente a una demanda cada vez más grande en comedores y merenderos, con la mayoría de la población problemas de malnutrición.

"Con ese circo que hicieron sólo lograron generar miedo a las mujeres pobres para que no hagan comedores", dijo Aballay y aseguró que también apuntarán a pedir la renuncia del fiscal jefe, Pablo Vignaroli, por el exceso de violencia en los allanamientos. "Nos estamos asesorando con los abogados porque hay varias irregularidades en los allanamientos y en la causa", afirmó.

Liberaron a Gladys Aballay - Allanamiento a Organizaciones sociales.mp4

"Me pidieron abrir la puerta de la oficina. Rompieron todas las puertas incluso cuando vino la trabajadora con la llave en la mano", dijo y agregó: "El fiscal Vignaroli está explicando por todos los medios diciendo que fue un allanamiento normal, pero no sabemos por qué fue tan violento".

El foco puesto en los gastos de las organizaciones sociales

Consultada por la compra de terrenos en la cordillera y camionetas por parte de la cooperativa Viento Sur, Aballay aclaró que de Libres del Sur "no tenemos terrenos, no tenemos camionetas, sólo ayudamos a la gente que no tiene para comer en los barrios".

En entrevistas radiales, Vignaroli aseguró que Aballay era la encargada de "tomar asistencia" a los integrantes de la organización para que asistan de manera obligatoria a marchas y cortes de ruta, según constató en grupos de Whatsapp que aparecen en los celulares secuestrados durante los operativos. Aclaró que aquellos que no concurrían perdían su premio: un bolsón de comida.

La referente social respondió a las acusaciones. "Piensan que estamos obligados a estar un mes en el Monumento para dar alimentos a gente en situación de calle. La gente está en un partido político porque quiere", dijo y aclaró que tienen papeles para respaldar la entrega de cada bolsa de arroz o de azúcar que les entregan para los comedores.

"Si nos piden documentación, tenemos papeles de lo poco que nos dan y que cada vez alcanza menos porque la demanda crece", señaló.

Aunque Aballay aclaró que era correcto realizar un relevamiento de beneficiarios de planes sociales, consideró que la denuncia del ministro Castelli sólo busca amedrentar a las personas de barrios vulnerables, que exponen la grave situación que se vive en los barrios.

"El único que robó plata y le sacaba plata a la gente era Soiza, era gente del MPN y no las organizaciones.", afirmó, en referencia a la estafa con planes sociales.

La investigación que presentó la Fiscalía

Durante una conferencia de prensa, el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó que en el año 2023, la cooperativa Viento Sur recibió 1183 millones de pesos en el marco de un convenio para el desarrollo de un programa de capacitación en oficios para los desocupados que integran las organizaciones sociales. El dinero se aportaba mes a mes, pero no se rendían facturas y, según la investigación de los fiscales, nunca se destinó a cursos de capacitación.

Vignaroli explicó que en agosto de 2022 se firmó el decreto 1672 para crear un programa de capacitación de integrantes de organizaciones sociales, con una serie de aportes no reintegrables. "No es lo mismo que un aporte es no reintegrable a que sea no rendible porque son aportes públicos y todos se deben rendir, por más que se destinen a privados", aclaró el letrado.

El fiscal jefe aclaró que, desde enero, se fue pagando mensualmente el aporte de distintas sumas de dinero, en "una actitud sospechosa" porque no se esperaba a tener una rendición de los gastos de un mes para pagar el siguiente. "Cuando la Contaduría General de la Provincia intimó a la cooperativa a justificar gastos, sólo justificó gastos de noviembre y diciembre que no tienen relación con la capacitación en oficios", aclaró.

Pablo Vignaroli - Conferencia de prensa MPF - Organizaciones sociales.mp4

La investigación del MPF determinó que las autoridades de la cooperativa habían autorizado en reuniones de pocos integrantes la transferencia de dinero para la compra de un terreno en San Martín de los Andes y otro en Junín de los Andes. Además, se autorizó la compra de un utilitario Renault Kangoo. También señaló que se compró una camioneta tipo pick up Nissan Frontier y una Ford F-150.

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