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Estafas con planes sociales: Ricardo Soiza no quiere ser "buchón de la política" en la causa

El ex director de Planes Sociales está involucrado en las estafas por $153 millones. Su abogado anunció que rechazaran el acuerdo de ocho años de prisión.

Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales de la Provincia de Neuquén e involucrado en las estafas de los planes con el cobro por las tarjetas del BPN, no quiere convertirse en un “buchón de la política” en la causa judicial.

El ex funcionario que atravesó varias gestiones del MPN en el manejo de planes sociales asegura, a través de su abogado Esteban Sampayo, que no aceptará el acuerdo propuesto por el Ministerio Público Fiscal de ocho años de prisión. Es decir, lo van a rechazar.

Según el abogado del ex funcionario habríaalgunas de las pruebas que se presentaron y firmas con autorizaciones de pagos que se hicieron mientras él transitaba una enfermedad, con coma inducido.

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Los representantes del Ministerio Público defendieron los argumentos en enero para mantener preso a Ricardo Soiza por la causa de estafa en los planes sociales.

Los representantes del Ministerio Público defendieron los argumentos en enero para mantener preso a Ricardo Soiza por la causa de estafa en los planes sociales.

"Queremos un pedido de disculpas y no estamos dispuestos a hacer un arreglo", dijo Sampayo, quien acotó que "hay documentación firmada cuando Ricardo estaba en coma y eso no se puede truchar".

La causa, en la que se analiza la responsabilidad de tres funcionarios clave, (que son Soiza; Pablo Sanz, ex director de Fiscalización; Marcos Osuna en gestión de programas; y otros 31 imputados más del ex ministerio de Desarrollo Social, en los que están el ex ministro Abel Di Luca y el ex administrador, Tomás Seingenthaler), podría elevarse a juicio, a pedido de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narvaez.

“Nos han hecho un ofrecimiento de ocho años de prisión efectiva, pero Ricardo (Soiza) tendría que asumir la responsabilidad. También al ex ministro Di Luca le propusieron seis años. Nos ponen una fecha límite para contestar que es el 30 de abril”, sostuvo Sampayo, en diálogo con LMNeuquén.

Pruebas y códigos de silencio

“Lo que hacen es acorralarlos y les ofrecen una salida para no ir a la cárcel, tiene que tirar nombres de otros políticos que cobraban, pero la causa es una gran venta de humo”, interpretó el letrado.

Sostuvo que pese a las pruebas que se presentaron, filmaciones, testimonio de impuestos, la idea del Ministerio Público Fiscal es “meter preso a los funcionarios como una causa política” y dejar libre a los que aparecen “en las filmaciones llenándose los bolsillos de dinero”, continuó con su interpretación.

“De todo lo que se ha hablado no hay nada en contra de Ricardo, que pruebe de lo que lo acusan. Pero sí hay otros imputados que daban las órdenes y que se quedaban con el dinero, estaban acorralados y les ofrecían una salida”, dijo Sampayo.

Lo cierto es que la propuesta de la fiscalía, de ocho años de prisión, es producto de la cantidad de pruebas que tienen contra Soiza.

Lo que hacen es acorralarlos, les ofrecen una salida para no ir a la cárcel y que tiren nombres para involucrar a políticos. Esteban Sampayo - abogado de Ricardo Soiza Lo que hacen es acorralarlos, les ofrecen una salida para no ir a la cárcel y que tiren nombres para involucrar a políticos. Esteban Sampayo - abogado de Ricardo Soiza

“La causa está floja de papeles, porque pasan cosas que en otras no, no se aplican criterios. Hay un objetivo claro y es político, no hay un interés en conocer la verdad”, referenció Sampayo en una suerte de alegato en el cual destaca cierta lealtad de su cliente para con el partido al advertir que "no va a ventilar otros nombres. Acá, sólo se busca escandalizar con nombres de políticos y listas, pero eso no existe", concluyó el letrado.

El hilo de las estafa con los planes sociales

La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena; y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores.

El pasado 27 de noviembre de 2023 hubo una reformulación de cargos, se sumaron otros imputados y se fueron más atrás en el tiempo de los hechos, hasta 2020.

Soiza y Osuna están con prisión preventiva mientras que Sanz, quien presentó una “lista” de políticos que cobraban dineros, está en la casa. Los primeros días de junio se vence el período de preventiva, y podría haber fecha de juicio.

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