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Estafas con planes sociales: Ricardo Soiza y Marcos Osuna seguirán presos 6 meses más

Así lo determinó la jueza de garantías tras el pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli durante la audiencia de este martes

La justicia determinó que Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna seguirán presos por 6 meses más. Son dos de los acusados como jefes de una asociación ilícita que se dedicaba a cometer estafas con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli efectuó el pedido de prórroga durante una audiencia que se llevó a cabo en la mañana de este martes, dado que se cumplía el vencimiento de la prisión preventiva para ambos acusados. Si bien las defensas tanto de Soiza como de Osuna solicitaron una detención domiciliaria, la jueza de garantías interviniente se inclinó por continuar con el régimen actual, tal como lo planteo el Ministerio Público Fiscal, con la adhesión de la fiscalía de Estado.

Según la teoría del caso que investiga la fiscalía, el delito alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.

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No obstante, se distinguen los niveles de responsabilidad, están acusados como jefes al ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca; al ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.

Soiza y Osuna son los que están cumpliendo prisión preventiva, mientras que Sanz permanece detenido con prisión domiciliaria. Di Luca y Siengentharler no tienen medidas cautelares vigentes.

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Desde el MPF informaron que, además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados e imputadas entre particulares; empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, también con distintos niveles de participación en la maniobra delictiva.

Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real, con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).

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Bienes embargados de los acusados

A principios de diciembre del año pasado, un tribunal revisor confirmó la decisión de la jueza de Garantías, Carina Álvarez, en la que prorrogan por el plazo de ocho meses el embargo y la inhibición de bienes para los imputados Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna.

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