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El escándalo protagonizado por la vicegobernadora puso en dudas la capacidad del sistema de partidos políticos y de las instituciones para dar respuestas a los ciudadanos.
El conflicto político e institucional que se ha desatado alrededor de las sospechas de corrupción que involucran a la vicegobernadora Gloria Ruiz, su hermano Pablo Ruiz y un círculo cercano de colaboradores, ha puesto en crisis no solo la confianza en las autoridades, sino también la propia capacidad del sistema de partidos políticos y de las instituciones para recuperar la transparencia y la legitimidad que los ciudadanos esperan.
Hace más de un año, los neuquinos depositaron su voto en las urnas con la esperanza de un cambio que acabara con las viejas prácticas políticas y las estructuras de poder que históricamente alimentan la opacidad en la gestión pública.
Sin embargo, el escándalo de malversación de fondos -que incluye compras irregulares, contrataciones dudosas y la utilización discrecional de recursos públicos, a lo que se le ha agregado una contra acusación de conspiración política- ha vuelto a generar un clima de desconfianza y frustración, que mantiene a la sociedad alejada de la clase política, la que por estos días parece dedicarse a sus propias disputas internas, más que a las necesidades de la ciudadanía.
Hasta el momento, Ruiz no ha respondido a ninguna acusación sobre los hechos específicos que la involucran, es decir, no ha ejercido defensa alguna. En cambio, ha optado por una estrategia de contra-acusación, argumentando que absolutamente todo el trasfondo del proceso al que está sometida es político, buscando originar de esta manera una lucha institucional que involucra no solo a la Legislatura provincial, sino también al Poder Judicial provincial y nacional.
Al respecto, hay que hacer notar que la resolución de la Cámara sobre la suspensión de Ruiz contó con 29 votos a favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra. Por ello, según Ruiz, absolutamente todos los diputados, de todos los partidos de todas las ideologías políticas que representan a los neuquinos, estarían en contubernio para correrla de la escena política.
Con ese argumento, la solicitud de Ruiz de que otros poderes del Estado, incluso a nivel nacional, intervengan en un proceso que constitucionalmente está reservado para la independencia del poder legislativo, alegando un “atentado al orden constitucional”, es una jugada que difícilmente prospere, pero que de funcionar paradójicamente estaría contribuyendo al mismo deterioro institucional que intenta evitar.
Es necesario aprovechar la crisis para extender el debate a las instituciones mismas y observar como la Casa de las Leyes ha dejado de ser un espacio de educación ciudadana y promoción cultural, para convertirse en un centro de disputas por la concentración de poder y recursos.
La creación de la Casa de las Leyes en el año 2007 mediante la ley 2533 supuso un simple y hasta lógico aprovechamiento del viejo edificio de avenida Olascoaga, donde funcionaba la legislatura antes de la creación del gigante de calle Leloir. Originalmente, se había planificado como un simple centro cultural que preserve el casco histórico del edificio, agregando una plaza.
En el año 2011 las funciones del espacio cultural se incrementan moderadamente, agregándose a la infraestructura una biblioteca pública. Es en el año 2012, impulsado por la entonces vicegobernadora Ana Pechen, surge el complejo cultural Casa de las Leyes, un espacio con estructura administrativa propia y un presupuesto de 6 millones de pesos, cuya finalidad era la de desarrollar programas de educación política e de identidad provincial.
Dicho espíritu, que en aquel entonces difícilmente podría haber sido cuestionado, poco a poco se fue desvirtuando, aumentando su presupuesto exponencialmente.
En los últimos años, se han ejecutado enormes presupuestos destinados a la cultura, con compras, contrataciones y el desarrollo de actividades de lo más diversas, que en muchos casos fueron más que necesarias y justificadas y que de ninguna manera podrían ser objetadas por ser de interés público. En cambio, muchas erogaciones correspondieron a gastos innecesarios, localismos y beneficios muy selectivos que se superponen con las funciones que le corresponden a ministerios como el de educación o cultura.
Con el agravante de que todos los gastos allí realizados gozan de una extraña independencia respecto de los controles, auditorías y monitoreos habituales en las demás instituciones neuquinas.
¿Se tomarán los diputados un tiempo prudencial entre acusación y acusación para evaluar la falta de control sobre el uso de fondos y la creciente independencia de esta estructura respecto de las auditorías y fiscalizaciones?
La pregunta central que se plantea es si Neuquén ha caído en un laberinto institucional del que no podrá salir, o si las estructuras de poder podrán reaccionar a tiempo para restaurar la confianza de los ciudadanos y devolverle a la provincia la transparencia que necesita para avanzar en un momento clave, donde los ojos de Argentina y el mundo están puestos sobre esta provincia energética.
Si los actores políticos siguen mirando hacia atrás, buscando quién tiró la primera piedra, la provincia podría quedarse mirando el laberinto desde adentro por mucho tiempo.