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Se planteó la necesidad de “desestimar cualquier tipo de injerencia jurisdiccional”, con relación a las funciones que se le pretenden dar a la Subsecretaria de Trabajo.
El presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Iñiguez, se sumó a los planteos contrarios al proyecto que incorpora modificaciones en el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo.
Se trata de una iniciativa de ley, que fue presentada por el diputado aliado del oficialismo, Francisco Lepore, de Avanzar, y cuyo objetivo, según consta en los fundamentos, es lograr “una legislación laboral más moderna”. Sin embargo, así no lo han entendido los gremios estatales, como tampoco los representantes de bloques opositores en la Legislatura.
Ahora, durante la última reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Iñiguez planteó la necesidad de desestimar cualquier tipo de injerencia jurisdiccional por considerarlas del orden de lo jurídico y no propios de un acto administrativo, como deben definirse las actuaciones que lleva adelante y resuelve el organismo provincial.
Iñiguez también se pronunció en contra de instancias de patrocinio gratuito por parte de funcionarios que trabajan dentro del ámbito de la Subsecretaría y explicó que el Colegio de Abogados tiene una nómina extensa de profesionales que pueden brindar asesoramiento y cobrar honorarios al dictarse una sentencia o celebrarse un acuerdo entre las partes.
En su intervención, también pidió que las propias empresas privadas puedan solicitar la intervención de la cartera laboral en casos puntuales y adelantó su acompañamiento para permitir que el organismo actualice y dinamice su función a través de la implementación de herramientas tecnológicas.
De la reunión participaron las responsables del Instituto de Derecho Laboral del Colegio, Natalia Ormazábal y Julia Busqueta, quienes tuvieron una postura crítica respecto de la iniciativa. Al realizar un diagnóstico sobre su articulado, señalaron que las reformas incorporadas suprimen la autonomía de funcionamiento del organismo y le quita facultades necesarias para desarrollar tareas de control. Por caso, citaron la imposibilidad de poder realizar inspecciones sin aviso previo.
En el plano legal, Busqueta advirtió que en la actualidad las distintas actuaciones se terminan dirimiendo en el ámbito judicial por la falta de resolución de conflictos que ofrece el organismo. Al respecto, Ormazábal indicó que la nueva redacción no prevé adecuaciones que eviten la alta litigiosidad que presenta el sistema ni incorpora mejoras para garantizar el trabajo que deben llevar a cabo los agentes que dependen de la Subsecretaría.
La semana pasada, al exponer en la misma comisión, el secretario general del gremio ATE, Carlos Quintriqueo objetó cualquier injerencia que le permita a la cartera laboral poder sancionar a organizaciones sindicales o disponer mecanismos de conciliación que involucren a entidades gremiales estatales. “No tiene facultades, no puede tener injerencia ni aplicar sanciones por un reclamo”, apuntó.
El sindicalista explicó que la Subsecretaria puede homologar una paritaria alcanzada entre las partes, pero advirtió que bajo ningún punto de vista puede formar parte de una discusión en la cual se negocia una pauta salarial.