Vehículos robados, desarmados o con documentación trucha generan multas que nadie puede impugnar y que generan problemas para sacar la licencia de conducir.
La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén no logró destrabar este año cerca de cien reclamos vinculados a multas de tránsito labradas en otras provincias. Son casos que quedaron sin resolver, no por una derrota judicial, sino porque el organismo no consiguió que la persona pudiera sacar su licencia de conducir o completar el trámite trabado por una deuda ajena.
Así lo confirmó a LM Neuquén el defensor del pueblo, Gustavo Pereyra, quien detalló que la traba se produce a través de mecanismos como la transferencia vehicular y la renovación del carné de conducir. La persona se presenta a hacer el trámite en Neuquén y descubre que tiene multas pendientes en Córdoba, Mendoza, Salta o Buenos Aires, muchas veces por vehículos que ya no están en su poder o que fueron robados.
El mecanismo, afirmó Pereyra, responde a cierta lógica que se está dando en los reclamos de este primer semestre de 2026.
No se trata de multas que el infractor cometió y evadió, sino de deudas que aparecen recién en el momento de hacer un trámite administrativo en otra jurisdicción, sin que la persona haya sido notificada antes ni haya podido presentar descargo.
Según explicó, buena parte de esas infracciones corresponde a autos mellizos, vehículos desarmados o con documentación falsa que circularon a nombre de un titular que, en muchos casos, ya no tenía el auto en su poder o directamente se lo habían robado.
El resultado es que provincias como Córdoba —una de las que mencionó Pereyra como ejemplo— terminan reclamando el pago de multas a personas que nunca condujeron ese vehículo en esas condiciones, usando como palanca de cobro un trámite que nada tiene que ver con la infracción original: la licencia de conducir.
Pereyra apuntó contra lo que consideró un mecanismo "extorsivo" y "privatorio de derechos", ya que impide sacar la licencia de conducir a personas que dependen de ella para trabajar.
"El que trabaja con una licencia de conducir (un chofer de alguna empresa de servicios) no tiene su carné y no puede trabajar. Eso le restringe otros derechos que están por encima de los derechos que puede tener un municipio a cobrar una multa", sostuvo.
El planteo de la Defensoría es que cada jurisdicción pueda reclamar el cobro "por la vía que corresponda", pero sin condicionar derechos básicos como la licencia de conducir.
Según indicó, el expediente se encuentra en tratamiento en el área legal del Ministerio de Transporte de la Nación y hubo una comunicación la semana pasada al respecto.
"Eso es bueno, estamos en eso", señaló, aunque remarcó que la solución llegaría tarde para los casi cien casos que quedaron sin resolver este semestre.
Los datos del informe de gestión del primer semestre 2026 respaldan el reclamo: las consultas por multas en otras jurisdicciones fueron 89, el tercer motivo de consulta más frecuente dentro del área de Orientaciones, 855 casos en total, solo detrás de las consultas penales y judiciales (227) y las vinculadas a seguridad y ayuda social (140).
El caso de las multas de otras jurisdicciones se da en un contexto de crecimiento general de la demanda sobre el organismo.
En el primer semestre de 2026 se iniciaron 1315 reclamos, un 45% más que en igual período de 2025 (908), pese a que la Defensoría debió mudarse de edificio durante ese lapso.
Dentro del área de quejas y reclamos (91 en total) las multas y tributos en zona urbana también encabezan el ranking, con 56 casos, muy por encima de temas ambientales (23) o de urbanismo (11), lo que confirma que las multas, sean locales o de otras provincias, son uno de los principales dolores de cabeza que llegan al organismo.
El planteo de Pereyra ante Nación no es un caso aislado de gestión interna: la Defensoría neuquina participa además de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y del Dispositivo Federal para el Encuentro de las Defensorías del Pueblo de Neuquén (DEFE, que reúne a Centenario, San Martín de los Andes, Zapala y Villa La Angostura), espacios donde este tipo de conflictos interjurisdiccionales suele discutirse de forma conjunta con otros organismos del país.