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Las y los consejeros gremiales, con el voto mayoritario del conjunto de las y los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), asumimos el compromiso de defender las presentes condiciones jubilatorias.
En épocas como la actual, donde el poder económico, sus representantes políticos y sus voceros mediáticos quieren convencer a la sociedad de que la solución a los problemas que la afectan pasan por la eliminación de derechos a las y los trabajadores y el achicamiento del Estado, es necesario alzar la voz aportando argumentos para su firme defensa, con la convicción de que la consecuencia de esas propuestas es la eliminación de las jubilaciones, algo que hemos conquistado históricamente.
Este es el principal motivo que nos lleva a acercar el siguiente planteo para el debate político al conjunto con las y los trabajadores, a los sectores populares y a todo el arco partidario y sindical de Neuquén.
Es necesario comenzar aclarando que los recursos de las cajas de reparto para el pago de las jubilaciones y pensiones provienen de aportes de las y los trabajadores y contribuciones de la patronal en igual proporción, y que con estos ingresos se pagan mensualmente las jubilaciones y pensiones de todas y todos los beneficiarios. Esto ocurre en las cajas de reparto, asistidas y solidarias. La solidaridad intergeneracional se manifiesta en que las y los jubilados trajeron al mundo a las y los trabajadores que aportan hoy (generación activa) y los sostuvieron hasta su adultez, con lo cual es lógico que ahora sea esta generación quien sostenga a aquella, como corresponde a una sociedad civilizada.
En su característica de reparto, se abonan las jubilaciones con todos los aportes y contribuciones ingresados a la caja, y no en función de lo que aportó cada uno. Es la única forma de garantizar el 80% móvil y es lo opuesto al sistema de capitalización individual, como lo fueron las AFJP del menemismo, que jamás les garantizaron a las y los trabajadores que se retiren cobrando ese 80% de su salario en actividad.
Como sucede en casi todos los sistemas de reparto, no pueden sustentarse sólo con los aportes personales y las contribuciones, razón por la cual el Estado debe contribuir para cubrir el desequilibrio, a través de una política pública que garantice el derecho constitucional de las y los trabajadores. De hecho, lo mismo ocurre con la ANSES, donde más del 40% de sus ingresos para abonar las pasividades provienen de impuestos nacionales, como el IVA, que pagamos todas y todos. Este es claramente uno de los argumentos de mayor peso por el cual defendimos históricamente el sistema de reparto, donde las cajas, más allá de los aportes realizados por las y los trabajadores, está a resguardo del derecho a la jubilación sin importar cómo se accedió (jubilación ordinaria o jubilación por incapacidad laboral).
En esta provincia, la madurez de la caja y las decisiones de política de Estado a lo largo de 50 años han contribuido al desequilibrio. Por ello, los sindicatos hemos exigido y obtenido un principio de solución que se tradujo en la Ley 3378, a través de la cual se destinan fondos de la renta petrolera para ASISTIR a la Caja Previsional. También derrotamos los intentos del macrismo de armonizar nuestras condiciones jubilatorias (Ley 27260) obteniendo la sanción de la Ley 3088, que impide el paso de la Caja Previsional al ámbito nacional y con ello se resguarda los derechos jubilatorios de las y los trabajadores estatales de la provincia (años de aportes, edad jubilatoria, determinación del haber inicial y su movilidad).
Estas situaciones significan un fuerte freno a las políticas de avance neoliberal sobre la caja y los derechos jubilatorios. Esta lógica vuelve a tomar fuerza en las plataformas electorales de sectores de la derecha en nuestro país, planteando como solución y alternativa a los sistemas de reparto las cajas de capitalización y ahorro (AFJP), donde trabajadoras y trabajadores a lo largo de su historia laboral acumulan y capitalizan sus aportes para usufructuarlos luego de su retiro laboral. En estos sistemas, los recursos son finitos y una vez agotados las cajas se desentienden de las y los jubilados. Esto no sólo deja en una situación de extrema vulnerabilidad a quien agotó dichos recursos, sino que se desvincula absolutamente de quienes atraviesen contingencias como accidentes laborales y deban jubilarse por incapacidad, ya que su capital ahorrado y capitalizado será sensiblemente menor al de quienes hayan acumulado mayor cantidad de recursos por haber estado en actividad mayor cantidad de años.
Proponen jubilaciones mínimas sin movilidad, haberes previsionales no heredables, eliminación de los aportes patronales y desestiman los sistemas de moratoria tan necesarios para aquellas y aquellos trabajadores cuyas patronales no cumplieron con los pagos de cargas sociales. Es necesario advertir, además, que los haberes previsionales del conjunto de las y los trabajadores jubilados son destinados al consumo de bienes y servicios, que dinamizan el circuito comercial que genera puestos de trabajo para distintos sectores de la población.
Ante la inminencia de las elecciones nacionales, convocamos a leer las plataformas electorales, a debatir, a tomar conciencia de que todo derecho consagrado tiene origen en la lucha colectiva y a entender que la propuesta de achicar el Estado es el despido de trabajadoras y trabajadores dejando sin recursos a las cajas jubilatorias, entre otras consecuencias.
(*)Susana Delarriva, consejera jubilados; Ángel Zalazar, consejero activos; Marcelo Bages, consejero activos; Julio Barra, consejero activos.