Con orden de desalojo firmada y un proyecto de 240 viviendas frenado, así se vive puertas adentro de la toma de Padre Genco.
Entre carpas, colchones y el frío húmedo de este martes, la toma de la calle Padre Genco y Fogwill sigue en pie, a la espera de un desalojo que la Justicia de Neuquén ya autorizó la semana pasada. Un pedido que "está vencido" por un análisis de situación que estaba haciendo la Policía de Neuquén.
El fiscal Juan Narváez pidió el desalojo total del predio mediante un oficio a la Comisaría 12, tras la autorización del juez de garantías Juan Manuel Kees, y la Fiscalía había fijado un plazo de 48 horas para concretarlo y restituir el terreno a su propietario.
A los ocupantes consultados no les habrían mostrado tal orden en papel, aunque sí se la comunicaron.
Ese propietario, durante días, fue un misterio para los propios ocupantes: "No hay un propietario de las tierras, estas tierras aparecen como la laguna, donde no tienen nombre", decían los vecinos.
Pero una fuente consultada por LM Neuquén asegura que el predio, de más de seis hectáreas, estaría escriturado a nombre de una entidad intermedia de la ciudad, que ya contaría con las autorizaciones municipales para desarrollar ahí un proyecto de viviendas sociales: 240 unidades multifamiliares y 10 dúplex, cuyos trabajos de cerramiento estaban por comenzar justo cuando arrancó la ocupación.
En el predio conviven familias neuquinas, jóvenes sin vivienda propia, personas llegadas de Salta, Jujuy y otros puntos del país, y también familias de la comunidad boliviana.
Un informe policial incorporado a la causa judicial señala que buena parte de los ocupantes relevados serían de nacionalidad boliviana, sin más de cinco años de residencia en la provincia y sin inscripción en el RUPROVI, el registro provincial de demanda habitacional.
Puertas adentro de la toma, esa lectura genera discusión: mientras algunos vecinos apuntan contra las familias extranjeras, otra remarca que "el setenta por ciento de la gente que tomó la toma son neuquinos".
Detrás de cada carpa hay, sobre todo, una cuenta que no cierra para algunos de los ocupantes. "Gano un millón de pesos y con eso no me alcanza ni para una cuota de un terreno ni para alquilar, y menos para comer, por eso vivo con mi mamá", contó Lucía, que pidió reserva de su identidad porque teme que su empleador se entere de que está ahí.
Fuentes del IPVU confirmaron que el organismo trabaja en regularizar distintas situaciones habitacionales, aunque aclararon que el proceso "no pasa de un día para el otro" y que buena parte de las familias inscriptas en el RUPROVI queda afuera por ventas y reventas irregulares de lotes, un negocio en el que —según pudo saber este medio— habría corporaciones dedicadas a maniobras que rozarían lo delictivo.
La tensión con la policía es otro de los puntos calientes. Los vecinos denuncian al menos tres incidentes, entre ellos el de una mujer embarazada, con un bebé y un niño a cargo, a la que le habrían retirado un colchón mientras estaba en una consulta médica: "A mí no me importa, yo no te mandé a tomar un terreno a vos", le habrían respondido.
Esta versión de la boca de las familias no fue confirmada ni refutada por la Policía del Neuquén, que estará en el predio con varias patrullas en los accesos y efectivos motorizados.
"No tenemos un título, pero valemos lo mismo y merecemos respeto", resumió una de las vecinas.