Se le comprobó abandono de cargo y lo sumaron a la larga lista de despedidos dentro de la administración provincial.
La denominada "tolerancia cero" contra ñoquis e indisciplinados que puso en vigencia el gobierno de Rolando Figueroa escribió un nuevo capítulo esta semana, con el caso de un ahora ex agente de la administración pública que faltó una semana completa, le comprobaron abandono de cargo y lo echaron.
La persona en cuestión falto sin justificación alguna entre el martes 2 y el lunes 8 de enero de 2024 (ambos inclusive), por lo que las ausencias fueron de cinco días hábiles. "Su despido marca una evidente diferencia con lo que ocurría en gestiones anteriores, cuando la falta de controles era moneda corriente", se indicó desde el Gobierno.
Los mecanismos de control de asistencia (por sistema de huellas digitales) que se implementaron están destinados a "garantizar el cuidado y la transparencia de los recursos del Estado". Y se indicó que "quienes incumplen, quedan indefectiblemente afuera de los cuadros de la administración pública provincial".
El despido (que se suma a una larga lista de casos) recayó sobre al ex agente Sebastián Ramón Mansilla, quien integraba la planta permanente de la subsecretaría General, “por haber incurrido en abandono de cargo atento a las inasistencias injustificadas continuas”.
El castigo no se agotará en la cesantía. Por el contrario, según se estableció en el mismo decreto, los auditores van a tratar de establecer si cobró sin trabajar. Si se confirma que fue así, la Provincia accionará los mecanismos para el recupero. Y, si no devuelve el dinero, le dará intervención a la Fiscalía de Estado, ya que podría haber incurrido en enriquecimiento sin causa, en perjuicio de la administración pública provincial.
Según consta en el documento oficial, el 2 de mayo de 2024 la subsecretaría General ordenó instruirle sumario administrativo. Lo citaron a la primera audiencia, pero no compareció; luego lo convocaron a la segunda audiencia, pero tampoco se presentó.
En el sumario lograron establecer que el ex agente no presentó certificados médicos que justificaran sus inasistencias durante las jornadas a las que se hizo mención. Tampoco hizo uso de licencias ordinarias o extraordinarias, en el periodo investigado por presunto abandono de cargo; simplemente no se presentó a trabajar.
En el decreto se recordaron las normas que indican que “todos los trabajadores tienen” la obligación (o el deber) de “prestar el servicio personalmente en las condiciones y modalidades que se determinen en el Convenio Colectivo de Trabajo y en las que pudiera adoptar la Organización en el ejercicio de sus facultades de dirección, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y rendimiento laboral”.