Referentes y abogados reclamaron en la Ciudad Judicial contra la causa iniciada en 2024. En aquel momento, fueron demoradas diez mujeres.
Organizaciones sociales y de Derechos Humanos se movilizaron este último lunes hacia la Ciudad Judicial de Neuquén para denunciar lo que consideran como una persecución política y judicial, a pocos días de cumplirse dos años de los allanamientos realizados el 12 de julio de 2024 contra referentes vinculados a la cooperativa Viento Sur.
Es una causa por defraudación que tiene a las organizaciones que, durante la pandemia, cortaban la Avenida Argentina por pedido de fondos para comedores, capacitaciones y planes sociales. Ocurrió durante el gobierno de Omar Gutiérrez, donde se creó un programa para contener la "paz social", y evitar desbordes en la demanda social.
Lilian La Rosa, integrante de Frente de Organizaciones de Lucha (FOL) de una de las organizaciones convocantes, sostuvo que desde el inicio del caso "hubo una construcción mediática orientada a instalar la culpabilidad" de las personas investigadas.
Recordó que varias mujeres "fueron detenidas en sus domicilios y trasladadas esposadas a una comisaría mientras se convocaba a la prensa", y remarcó que esas organizaciones cumplían un rol social supliendo funciones que el Estado no garantizaba durante la pandemia, sosteniendo comedores comunitarios y espacios de trabajo.
El abogado Fernando Diez, quien representa a referentes de las organizaciones, expresó su preocupación por la utilización del Poder Judicial con fines de persecución política y subrayó el papel que cumplen las organizaciones sociales en la contención de los sectores más vulnerables, tanto durante la pandemia como en su tarea cotidiana.
Cuestionó que el Estado se acerque a esas organizaciones a través de procesos judiciales en lugar de otros mecanismos de relacionamiento. También participó de la conferencia Fernando Gómez, de la Pastoral Social, quien acompañó el reclamo en el mismo sentido.
El planteo de las organizaciones se da en el marco de la causa que investiga la fiscalía de Delitos Económicos por presunta defraudación al Estado provincial, vinculada a los fondos que el exgobierno provincial transfirió a la cooperativa Viento Sur (ligada al FOL y otras organizaciones y partidos políticos) a través del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”. La investigación apunta a una presunta defraudación superior a los 1.200 millones de pesos.
El 12 de julio de 2024 se realizaron 14 allanamientos simultáneos en sedes de organizaciones y domicilios particulares, con diez mujeres demoradas durante horas. Las organizaciones sociales calificaron esos procedimientos como un “show armado” y denunciaron irregularidades en su desarrollo.
Posteriormente, la fiscalía formuló cargos contra seis referentes de Viento Sur, integrantes del FOL y del Polo Obrero, acusados de desviar fondos destinados a capacitaciones hacia el pago de sueldos y la compra de terrenos y vehículos, cargos que las organizaciones rechazaron por considerarlos persecutorios.
Durante la conferencia también se recordó que el 13 de julio se cumplen dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, ocurrida en 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte.
Organizaciones sociales y feministas mantienen desde entonces el reclamo por su aparición con vida bajo la consigna “No estamos todas, falta Luciana”. La causa, que durante dos años permaneció en la Justicia provincial con un único imputado por falso testimonio, fue remitida a la Justicia Federal bajo la hipótesis de trata de personas.