Irregularidades en el Ministerio de Salud: avanza la investigación y el desvío bajo sospecha llega a los 100 millones

La Justicia neuquina avanza en la investigación por una presunta malversación de fondos en el Ministerio de Salud de la provincia y elevó el monto desviado de 21 a cerca de 100 millones de pesos. Desde la Fiscalía de Delitos Económicos esperan recibir nuevos informes bancarios para avanzar en una posible formulación de cargos contra la ex directora de Prestaciones y Recupero Financiero, que fue apartada de su rol.

El 10 de junio de este año, el gobierno de la provincia de Neuquén dio a conocer que una directora del Ministerio de Salud había sido apartada de su cargo luego de que una auditoría interna develara presuntas irregularidades en compras y contrataciones.

Tras la difusión del caso, el propio gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una denuncia y se constituyó como querellante en la causa, que busca determinar si hubo una defraudación por un sistema sospechado de "auto compras"; es decir, la misma funcionaria que hacía los pedidos, autorizaba los pagos y transfería luego el dinero a sus propias cuentas.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, que coordina el fiscal Pablo Vignaroli, dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF). En el avance de la investigación, se solicitaron informes bancarios y se entrevistó a personal que trabajaba en la Dirección para conocer los protocolos vigentes en esa oficina estatal.

Según información a la que accedió LM Neuquén, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) ya entregó los informes bancarios solicitados. La Fiscalía hizo la misma solicitud a otras dos entidades de la banca privada, y ahora aguarda por la presentación de una de ellas para completar el monitoreo de las maniobras realizadas por la ex funcionaria.

Una vez que llegue el tercer informe, el equipo de la Fiscalía hará los análisis necesarios para determinar si es necesario avanzar o no en una formulación de cargos, aunque por el momento no se conocen plazos estipulados.

Los informes también serán útiles para saber cuándo comenzó la maniobra y conocer si hubo hechos anteriores a los primeros que se denunciaron cuando se apartó a la ex funcionaria de su cargo.

Por el momento, se comprobó que el monto cuestionado es mayor al que se informó originalmente: el perjuicio no sería de 21 millones de pesos sino que se eleva a cerca de 100 millones.

Los datos preliminares de la investigación determinaron que se presentaron facturas o recibos apócrifos para justificar los movimientos de fondos. Además, trascendió que la mujer señalada habría intentado borrar algunos expedientes digitales, que fueron recuperados por la Fiscalía a través de un sistema de "backup" o respaldo digital que tiene el Poder Ejecutivo.

Qué decía la auditoría interna de Salud

Entre los principales puntos detectados, la auditoría interna mencionó la falta de autorizaciones jerárquicas correspondientes, ausencia de justificación suficiente para utilizar el mecanismo excepcional de anticipo de fondos, concentración de funciones en una misma persona y falta de documentación bancaria que permitiera comprobar los pagos realizados a proveedores.

En un segundo expediente, los auditores identificaron una reiteración del procedimiento observado: la solicitud, intervención y autorización del pago habrían sido gestionadas por la propia funcionaria denunciada, sin los controles internos correspondientes. Además, se detectaron facturas con conceptos generales, ausencia de remitos, falta de constancias sobre servicios prestados y documentación insuficiente para verificar la efectiva utilización de los recursos.

Según surge de la denuncia, la hipótesis planteada ante la Justicia es que los fondos habrían quedado bajo disponibilidad de la funcionaria y posteriormente se habría intentado justificar su utilización mediante documentación cuya correspondencia con servicios efectivamente prestados no pudo ser comprobada durante la auditoría.