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Durante los allanamientos realizado por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos se encontró en la casa del exdirector de Planes Sociales de la provincia, Ricardo Soiza, una gran cantidad de dinero en efectivo en moneda nacional. Lo mismo ocurrió en Faraón Resto Bar, donde había una caja fuerte llena de pesos y dólares.
Ante esta situación, los pesquisas solicitaron al fiscal Juan Narváez instrucciones. Tras una corta deliberación, el funcionario judicial solicitó la orden de rigor y procedió a secuestrar el dinero de ambos domicilios.
Si bien el hermetismo de la causa es difícil de sortear, LMNeuquén supo que se trata de varios millones entre pesos y dólares, pero todavía no se ha oficializado la suma que deberá ser contabilizada y puesta bajo una estricta cadena de custodia.
De la casa de Soiza, además de la detención del exfuncionario y el secuestro del efectivo, se procedió a incautar distintos elementos informáticos y documentos que deberán ser analizados por los investigadores del Ministerio Público Fiscal.
Vale recordar que el procedimiento arrancó a primera hora de la mañana y estuvo a cargo del Departamento de Delitos Económicos que actuó en conjunto con el fiscal Narváez y la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.
Las órdenes estaban destinadas al allanamiento de cinco domicilios, tres de ellos de los que se consideran son los cabecillas de la millonaria defraudación al Estado que por estas horas ronda los 120 millones de pesos entre tarjetas del BPN y cheques. Se trata del exdirector de Planes Sociales de la Provincia Ricardo Soiza, detención confirmada oficialmente. La medida alcanza también al director de fiscalización Néstor Pablo Sanz y al responsable del departamento de gestión de programas sociales Marcos Osuna.
Tras la detención de Soiza, exdirector de Planes Sociales de la Provincia de Neuquén, este miércoles por la mañana el fiscal del caso Juan Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmaron que pedirán la prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Según precisó Narváez, dicho riesgo está dado por la "desaparición de dispositivos electrónicos y conductas relacionadas a aprietes y acoso a personas que tenían información del caso y que no se sentían en condiciones de brindarla en fiscalía".
El pedido se hará extensivo al director de fiscalización, Néstor Pablo Sanz, y Marcos Osuna (a cargo del departamento de gestión de programas sociales), quienes tiene pedido de detención y que en estos momentos están siendo buscados por la policía provincial.