El Ministerio Público Fiscal aseguró que las llamas y el humo dañaron el edificio público durante una protesta de SOYEM.
Tres trabajadores municipales de Chos Malal fueron imputados por provocar daños en el edificio de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos durante una protesta gremial realizada frente al municipio.
La acusación sostiene que utilizaron neumáticos incendiados y acercaron un tambor en llamas hacia uno de los accesos del inmueble comunal.
La formulación de cargos fue realizada por la fiscal Natalia Rivera y el fiscal Víctor Salgado, quienes atribuyeron a los acusados el delito de daño agravado.
La medida alcanzó a dos mujeres identificadas como M. M. y M. A. M. M., y a un hombre, J. A. A., todos vinculados a una protesta del gremio SOYEM desarrollada el pasado 15 de abril frente al palacio municipal.
De acuerdo a la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF), el episodio ocurrió entre las 5:27 y las 9 de la mañana. Según la investigación, una de las imputadas inició un foco ígneo frente a uno de los ingresos del municipio utilizando papeles, cartones y neumáticos.
Posteriormente, otra de las acusadas habría pateado el recipiente metálico en dirección a la puerta del sector de Rentas y Recaudaciones. Siempre según la acusación fiscal, el tercer imputado indicó que acercaran aún más el tambor en combustión al acceso principal y él mismo volvió a empujarlo hacia la entrada.
“El humo, el calor y el fuego ocasionaron manchas de hollín sobre el frente del inmueble, afectando un cartel institucional y letras corpóreas”, detalló el MPF.
Graves daños en el edificio y riesgo para empleados
La fiscalía sostuvo que las llamas y el humo también alcanzaron sectores superiores de la estructura municipal, detectándose lana de vidrio quemada en una ampliación en construcción en el primer piso.
Además, remarcaron que la situación puso en riesgo a trabajadores municipales que comenzaron a ingresar al edificio cerca de las 7:45. El fuego fue finalmente extinguido por personal policial.
La jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de un mes para la investigación.
Además, la magistrada impuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento: los imputados no podrán estar en un radio de 100 metros respecto del edificio municipal ni de los empleados de las áreas afectadas. La restricción regirá inicialmente hasta el próximo 16 de mayo.