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La exdirectora de Educación Primaria dijo que no sabe quién decidió la vuelta a la presencialidad en la escuela en obra. Hubo una audiencia exprés para sobreseer a otro ex imputado, que declaró como testigo.
El 29 de junio de 2021 no había agua en la Escuela 144 de Aguada San Roque, en medio de una cruenta helada. Era el inicio de clases, con pocos alumnos y todos estaban contentos. Incluso Mónica Jara, que era su primer día y no sabía que sería el último, tras la explosión que se cobró su vida, la del gasista Nicolás Francés y su sobrino, Mariano Spinedi.
Mónica tomó algunas fotos de la clase y se las mandó a su esposo, Juan Villanueva, que tuvo el registro de que esa escuela, en medio de la pandemia, había comenzado con la presencialidad.
“Si ves algo raro, te volvés”, le había dicho Juan a Mónica, un día antes, cuando la dejó en el colegio, después de haber manejado por varias horas. Fue la última vez que se vieron.
La novena audiencia del juicio por la explosión y muerte en la escuela albergue, tuvo otros datos que confirman que los funcionarios del Ministerio de Educación, sabían a medias lo que pasaba en Aguada San Roque. Al menos eso refleja su testimonio.
Se supo que ese día de la explosión hubo un problema con el termotanque y que la directora Martha Báez llamó para que lo reparen. Era la urgencia por empezar las clases. Pero de fondo hay un entramado mucho más espeso y burocrático.
Patricia Cressatti era la directora provincial de Nivel Primario en el momento de la explosión y actualmente está jubilada. La exfuncionaria estuvo imputada en la causa y fue sobreseída, pero declaró como testigo en la jornada del jueves.
“Nosotros no teníamos ningún tipo de comunicación con respecto a la obra San Roque. Lo que sí tengo la tranquilidad más allá de la lamentable tragedia de las tres muertes, que si nosotros hubiésemos podido interceder para evitar la presencialidad en la Escuela 144 de Aguada San Roque lo hubiésemos hecho”, afirmó Cressatti, en medio del llanto.
Y acotó: “Desconocíamos completamente qué estaba sucediendo y que ese día se había vuelto a la presencialidad”.
La docente explicó que los criterios que se manejaban para la vuelta a las clases, los ponía en principio el Consejo Federal de Educación (CFE) en todo el país. Y que el peso lo tenía el ministerio de Salud de la Provincia, que establecía las pautas para evitar los contagios por coronavirus.
Pero más allá del virus, había un tema de fondo, que solo el gremio ATEN ponía el foco: si en las escuelas estaban en condiciones, ya que habían estado más de un año cerradas, para la vuelta a clases.
Recordó que muchas escuelas estaban en obras y no comenzaron las clases, como la Escuela 291 de Aguada Toledo, que es albergue y estaba con trabajos, y la 273 de San Patricio del Chañar.
“El regreso a la presencialidad en las escuelas alberge es complejo, porque implica que hay niños, ropa de cama, comida”, dijo Cressatti, para graficar la diferencia con los colegios comunes, ya que en ese momento se salía de la “segunda ola” del COVID.
En la provincia, como en todo el país, había una fuerte presión por volver al aula luego de casi un año y medio de pandemia. Se estaba implementando el programa “Camino Seguro a la Escuela”, y el CPE emitió la Resolución 440/2021, donde se establecían cuáles eran las escuelas que volvían a la presencialidad, sobre todo en qué zonas para regreso "seguro, progresivo y situado".
“Quiero ser clara en esto de la Resolución 440. A nosotros no se nos pidió opinión, no se nos requirió información ni antes ni después de la resolución. Hice una pequeña aclaración sobre qué escuelas de la provincia estaban en obra. Y por más que nos lo hubiesen pedido, nuestra función es pedagógica”, enfatizó la testigo y ex funcionaria.
Cressatti dijo que ningún funcionario o directivo a cargo de Educación tomaría una decisión que vaya en contra de los estudiantes o docentes que trabajan en una escuela y reiteró: “Desconocíamos totalmente lo que sucedía en Aguada San Roque. No puedo dar fe de quién decidió la presencialidad”.
Cressatti dijo que la provincia de Neuquén en ese momento tenía 29 supervisores y 12 supervisiones. Es decir que cada funcionario tenía el control de unas de 14 escuelas.
Elizabeth Fernández era la supervisora de nivel primario en Rincón de los Sauces que tenía a cargo la Escuela 144 de Aguada San Roque, y había una suerte de teléfono descompuesto sobre lo que estaba pasando en la escuela.
El día de la explosión, Cressatti lo recordó bien y mantuvo una comunicación corta con la directora. “Me comunican que había habido un incidente, y no nos podíamos comunicar con la directora, que estaba en shock”, contó.
Y acotó: "Me dijo que ella había pedido una gauchada por un termotanque y mirá lo que pasó. Yo acá tengo la decisión de decir la verdad y a veces para estas situaciones se apela al sentido común".
Cressatti lamentó lo sucedido y dijo que ese día se enteró de que la escuela había vuelto a la presencialidad por una foto que le había mostrado Juan Villanueva, el marido de Mónica Jara, afuera del hospital.
“Y lo que más lamento como directora de nivel, es que me tuve que enterar por las fotos que me mostró el esposo de la docente Mónica Jara”, dijo.
“Lo lamento profundamente porque después de estar 40 años en el sistema educativo, que se nos achaque a los directores de Ruralidad y de Primaria, una responsabilidad que nos excedía”, concluyó.
El arquitecto Gabriel Potas, que estuvo imputado en la causa por la explosión de Aguada San Roque, fue sobreseído el jueves en una audiencia exprés para que pueda declarar en el juicio, por las tres muertes en el albergue.
Tenía el cargo de coordinador Interinstitucional de Planificación e Infraestructura, en el ministerio de Educación, cuando ocurrió la explosión y muerte el 29 de junio de 2021. Funcionaba como nexo con Obras Públicas.
“Para mí la escuela siempre estuvo en obra”, confirmó el arquitecto en el juicio, en controversia con la directora, que había asegurado que estaba terminada.
El exfuncionario era el único que Educación, sostuvo que cada año le tocaba planificar las nuevas obras en el presupuesto y que en el caso específico de Aguada San Roque se había pedido “nuevos trabajos” a la ampliación del alberge.
Eran trabajos menores, como pintura, pisos, y griferías, a pedido de la directora, el mismo y la empresa, cuando coincidieron en una reunión en febrero de 2021 en la escuela, con directivos de Arte Construcciones, la directora Martha Báez y el presidente de la Comisión de fomento, Claudio Moyano.
Contó que todos estaban de acuerdo en que, más allá de la obra establecida en el pliego, había algunos detalles que se podían hacer. Pero nada hablaba del gas ni de los calefactores.
Respecto al día de la explosión, Potas dijo que se enteró de que “había habido un accidente, probablemente con muertos”.
“Empecé a recordar todo el proceso de la obra y en mi cabeza, siempre la escuela estuvo en obra”, indicó.