Gustavo Camarota tuvo una dura conclusión que compromete a los exfuncionarios. No había seguros, ni se hicieron inspecciones. Se mostró un documento clave.
El fiscal Gastón Liotard conversando con los defensores antes del inicio de la sexta jornada del juicio de Aguada San Roque.
La explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque se pudo haber evitado, según el perito y experto en incendios, Gustavo Camarota, quien en su declaración como testigo, fue muy duro contra la empresa y los exfuncionarios del gobierno provincial.
“Fue un accidental previsible que no debió existir por falta de controles”, resumió el testigo propuesto por el equipo del Ministerio Público Fiscal.
El perito desdobló su declaración de casi cinco horas: en una primera etapa, se dedicó a analizar donde se produjo el incendio, la fuga del gas propano y el estado de las cañerías; y en una segunda etapa, las omisiones administrativas.
En la causa están implicados y sospechados de estrago culposo y administración fraudulenta el socio gerente de Arte Construcciones SRL, la empresa que hizo la ampliación del colegio, Héctor Villanueva, y el arquitecto Diego Bulgheroni.
Además, el subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza; el director provincial de Obras Públicas, Raúl Capdevila, el director general de esa cartera, Carlos Córdoba y Sergio Percat, empleado que estaba a cargo de las inspecciones de las obras.
Explosión: sin un plan de seguridad
El perito fundamentó sus conclusiones de la falta de controles basándose en el pliego de la licitación, que la obliga a una serie de puntos a cumplir, tanto para el gobierno como para la empresa.
“No había un plan de seguridad, tampoco se dio aviso a la ART del inicio de la obra. El programa de seguridad no existía, el libro diario de obra y el legajo tampoco y tienen que estar en la obra”, sostuvo Camarota.
Un punto clave de omisión, entre varios, fue la falta de inspección en la obra de gas, antes de que se tape la cañería que, según el artículo 8 del pliego, lo debe pedir la empresa subcontratista. En este caso, era la empresa de Eduardo Afione, beneficiado con una probation, quien tenía una cuadrilla de obreros, una parte en negro, según confesó en el juicio Benjamín Irigoita, uno de los empleados.
El perito fue determinante en cuanto a la responsabilidad de las inspecciones, y sostuvo que se emitió el 12 de marzo de 2021, un certificado firmado por el inspector Sergio Percat, donde se constata que la obra de la ampliación de aulas estaba finalizada.
“El tema de seguridad y los planos tienen que ser presentados en los distintos entes y corre por cuenta de la contratista. Específicamente habla de las empresas privadas, prestadoras. Tampoco tenía ni declarada la obra ni los planos en YPF Gas, algunas cosas que deberían haberse hecho antes”, dijo Camarota.
El perito fue determinante en cuanto a la responsabilidad de las inspecciones, y sostuvo que se emitió el 12 de marzo de 2021, un certificado firmado por el inspector Sergio Percat, donde se constata que la obra de la ampliación de aulas estaba finalizada.
Luego, mostró otra nota de Obras Públicas, del 12 de mayo de ese año donde el mismo Percat reconoció que se hicieron correcciones a la documentación y que en esa fecha se concluye el 100% de la obra para emitir el certificado. ¿Qué pasó en esos dos meses?
Un final de obra, sin final
“No se debió emitir ningún certificado de final de obra si no estaba finalizada la obra”, sostuvo Camarota, en línea con las declaraciones en el juicio de los obreros que estuvieron en Aguada San Roque.
El perito sostuvo que los pliego de la obra son claros, y que el contratista debía solicitar por escrito las inspecciones oculares, algo que no sucedió.
Además, el trámite de finalización de obra implicaba la colocación de los artefactos, como los calefactores, y una prueba de hermeticidad en la cañería.
Nada de eso estuvo presente en la obra: ni planos, ni permisos a YPF Gas, ni obra informada y tampoco los seguros. Una situación compleja que ahora recae sobre el control del Estado provincial.
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