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Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quedó en punto de mira esta semana por dos medidas que hicieron temblar a las universidades públicas y no precisamente por tratarse de cuestiones vinculadas al mundo académico, sino por un impúdico avasallamiento a la autonomía de las casas de altos estudios estatales.
Uno de los hechos que se censuran es haber enviado a la Policía al recinto donde se encontraba en sesión el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Fue para intimidar a los consejeros en momentos debatían una condena a la represión, ordenada por Morales, contra quienes se manifestaron en contra de la reforma de la Constitución provincial. Esta intervención intempestiva motivó luego un forzado intento de explicación.
El otro hecho protagonizado por el mandatario norteño es el anuncio de expropiación de tierras en las que se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucará en el Centro Universitario Tilcara que pertenece desde 1949 a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
El uso arbitrario del poder y el avasallamiento de las autonomías de las casas de estudios, en el centro de las sospechas.
Ambos episodios fueron rechazados oficialmente este viernes por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que agrupa a rectores y rectoras de todo el país.
Desde lo simbólico, Morales parece reafirmar el talante autoritario que, por traslación, añade a la candidatura de su espacio en el Frente de Todos. Y desde lo fáctico, constituye un retroceso severo a las reconquistas de la democracia que en el país llevan apenas 40 años y en la cual las universidades fueron verdaderos bancos de prueba para alocadas aventuras de violencia.