Belén tiene 38 años, se moviliza en silla de ruedas y la prepaga le niega una ayuda técnica necesaria para su autonomía.
Belén Berguer es una abogada neuquina de 38 años. En el 2019 su vida cambió drásticamente cuando un accidente de auto de camino a Pucón le provocó una lesión medular. Desde entonces, se moviliza en silla de ruedas y tiene una batalla tras otra con su prepaga por negársele prestaciones básicas para su subsistencia y autonomía.
Luego de tres arduos meses de rehabilitación, Belén comenzó a adaptarse y recuperarse con mucha fuerza de voluntad y apoyo de sus seres queridos.
A mediados de 2023 pudo comprarse una casa y casi inmediatamente pidió a Medifé, empresa que tenía contratada desde antes del accidente, una prestación básica para garantizar su autonomía: un "salva escaleras", es decir, un ascensor para poder subir al primer piso de su casa.
Según contó en diálogo con LM Neuquén, el trámite empezó bien: se lo preautorizaron, se comunicaron vía mail para pedirle imágenes y medidas de su escalera y poder hacer el apoyo técnico específicamente para ella. Sin embargo, al tiempo le llegó un correo de la prepaga. En este le informaron que la prestación le sería denegada.
Tras esta indignante situación, la mujer hizo una acción de amparo por salud y se inició un proceso judicial que sigue hasta la fecha.
El moverse en su propia casa en el día a día no es solo físicamente agotador, teniendo que subir 11 escalones de espaldas sentada y de a uno. También es un constante recordatorio del accidente que cambió su vida.
"Uno no está preparado para que le cambié la vida de un momento a otro. Yo era super deportista y adaptarme costó mucha contención de mi familia, de mis compañeros de trabajo. Hay mucho esfuerzo mental, mucho empuje", dijo claramente movilizada al recordar el hecho. "Arrastrarme por el piso para subir la escalera no solo es físicamente agotador, también es humillante", agregó.
Según contó, ya se cayó tres veces por la escalera al subir. Afortunadamente, ninguna de esas caídas pasó a mayores y solo le han implicado golpes, pero el riesgo es latente y seguirá estando siempre y cuando no se solucione la situación del elevador.
Cada vez que se accidentó, Belén tuvo que llamar a la ambulancia para pedir asistencia. Cada uno de los certificados fueron incluidos como documento en el juicio.
Que las prepagas u obras sociales nieguen prestaciones que implican una necesidad para sus afiliados no es una novedad. Por fortuna, y a diferencia de otros casos, Belén tiene las herramientas para llevar a cabo una demanda contra Medifé.
Según cuenta, no hay precedentes legales de un fallo a favor de un afiliado al que se le negó la instalación de un salva escaleras. Con todos los documentos probatorios y pericias que resultaron a su favor, ella espera ser el primero. "No por tener una discapacidad tengo que estar dependiendo de mis padres u otras personas", afirmó.
Según explicó, esta y todas las demás prestaciones que ella necesita resueltas entran dentro del paraguas de la ley 24.901 "Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad".
Particularmente, el artículo 27 inciso B detalla que se deberán proveer las órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos "de acuerdo con las características del paciente, el período evolutivo de la discapacidad, la integración social del mismo y según prescripción del médico especialista en medicina física y rehabilitación y/o equipo tratante o su eventual evaluación ante la prescripción de otro especialista". Ella tiene el Certificado Único de Discapacidad, documento que debería bastar para que se le garanticen las prestaciones necesarias.
Los argumentos de la prepaga, según listó, son dos: el peligro que implica un salva escaleras y el hecho de que tener una escalera es algo "organizacional" de su casa.
Para refutar el primero, Belén afirma que, con esa lógica, todo es peligroso: "la silla de ruedas también es peligrosa". Frente al segundo argumento, la mujer se remite a los derechos de las personas con discapacidad: "tenemos derecho a una plena autonomía, a elegir vivir solos. A veces pedir es una molestia para las prepagas. Esto no es un capricho, es una necesidad imperiosa".
El juicio ya terminó su periodo de investigación y está en condiciones de emitirse una sentencia. Sin embargo, el proceso se ve dilatado, ya que la jueza a cargo, según contó Belén, está a punto de jubilarse, lo que implica que un juez subrogante tenga que leer todo el expediente y ponerse al día con el caso desde 0.
Belén expresó que las razones que da la prepaga no son argumentos jurídicos, "son excusas para no brindar un apoyo técnico que mejoraría mi calidad de vida y la de muchas otras personas. Cuando mi obra social me lo deniega, no me está diciendo 'no' a mí, le está diciendo 'no' a la autonomía, a la inclusión y al derecho a elegir libremente mi lugar de residencia. Hablar de esto incomoda. Si. Pero es necesario", cerró Belén.