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Habrá que ver con el paso del tiempo si la ley se convierte en una herramienta para la democracia o un peligro para la gobernabilidad y la paz social.
En su artículo 22, la Constitución Nacional dice que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades”. En la reforma constitucional del '94, se introducen excepciones a este artículo, mediante tres mecanismos de democracia directa: 1) La iniciativa popular, que permite que un proyecto ciudadano sea considerado en diputados, 2) la consulta popular no vinculante, que funciona como una especie de super encuesta y 3) la consulta popular vinculante -también conocida como plebiscito-. Esta última debe ser convocada por la Cámara de Diputados mediante una ley y de obtener el voto favorable de la ciudadanía, la consulta se convierte en ley, sin posibilidad de veto.
También previsto en la Constitución de la provincia de Neuquén en su reforma del 2006, este mecanismo plebiscitario fue habilitado por ley en la Legislatura Neuquina recién la semana pasada. ¿Por qué ahora después de 18 años?
La iniciativa, impulsada entre otros, por el diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, parece ser la continuación de otra norma de su autoría, que es la tan discutida ley de presentismo docente.
Domínguez es quizás el referente con poder político, que se ha enfrentado con más fuerza y antipatía al gremio ATEN en la última década y que si bien hoy no pertenece al oficialismo provincial, pivotea a su alrededor.
Por tal motivo, un amplio sector de la dirigencia política y sindical advierte que lo que realmente busca esta iniciativa no es la democratización de las decisiones públicas en general, sino amenazar al gremio docente con arrojarle todo el peso del voto popular en contra, mediante un plebiscito que declara la educación como servicio esencial, prohibiendo de esa manera a los docentes a realizar huelgas en el futuro.
Si este fuera el objetivo detrás de la flamante norma sería redundante, ya que una ley que considera a la educación como servicio estratégico esencial en toda la República Argentina, ha obtenido media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, casi en simultáneo con la ley neuquina.
Si no fuera ese el objetivo, la ciencia política advierte que, la ley de consulta popular tiene una serie de riesgos a tener en cuenta:
*La dimisión de temas controvertidos mediante consulta popular, puede generar polarización en la población. Salvo contadísimas excepciones, los partidos políticos deben resolver los problemas de la sociedad mediante el diálogo y la articulación de múltiples variables, no mediante una lógica binaria “SI/NO” que amenaza con partir a la sociedad en dos pedazos.
*La falta de información precisa y objetiva y la influencia de grupos de interés con poder mediático, pueden influir indebidamente en la opinión pública y el resultado de la consulta puede llevar a decisiones mal informadas o manipuladas. ¿Acaso no se advierte que algo así sucede en las asambleas de ATEN?.
*También puede suceder que la participación ciudadana sea baja, lo que podría cuestionar la legitimidad de los resultados.
*Una eventual coalición opositora, podría obtener los 18 votos que se requieren para la mayoría absoluta que contempla la ley neuquina, proponiendo plebiscitos que afecten la gobernabilidad y la estabilidad política.
*Un tema no menor es que, si cada vez que la política no es capaz de resolver sus discusiones y convoca a la población a las urnas, implicaría recursos financieros muy significativos para organizar y llevar a cabo las consultas.
Las leyes deben tener en cuenta la coyuntura, pero también deben contemplar las consecuencias que pueden tener en el larguísimo plazo y que hoy desconocemos.
¿Qué impide que en el futuro un gobierno despótico manipule a la opinión pública con los recursos del Estado y declare a la salud como servicio esencial para precarizar a los trabajadores? Lo mismo podría suceder con los trabajadores de la comunicación, los petroleros, los de la construcción o los servicios públicos en general. En definitiva, ¿Quién puede tener la arrogancia de decidir que es esencial para una sociedad y que no?
Es cierto que necesitamos que los chicos vuelvan al aula y hay sectores radicalizados dentro del gremio docente que no aportan absolutamente otra cosa más que paro y más paro. Una mirada simplista puede observar que muchos docentes han abusado de su derecho a huelga, por lo tanto, la sociedad se lo quita.
Pero también es cierto que las escuelas han sido por décadas receptoras de la degradación social y económica que ha invadido a la Argentina desde los 90, convirtiéndose en contenedoras de la pobreza, la falta de expectativas de vida, las adicciones y todos los problemas sociales que padece la juventud. La discusión entre el Gobierno y ATEN, debe estar enfocada en primer lugar en esta situación, para ayudar a los docentes en su tarea y no solo en una puja salarial o un plebiscito que restringa el derecho de huelga.
Ante el planteamiento de inconstitucionalidad de la ley de presentismo, recientemente elevado al Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo fue uno de los pocos dirigentes en aportar una mirada general y sensata de las consecuencias que está generando el conflicto y llamó esta semana a levantar el paro, por considerar que se han tensionado los poderes del Estado.
La Secretaria General de ATEN Capital, Angélica Lagunas ha llamado en cambio, literalmente a presionar a los poderes ejecutivo y judicial con más paro.
Con solo nueve meses de funcionamiento del nuevo Gobierno de Rolando Figueroa, los problemas crónicos que aquejan a la sociedad Neuquina han emergido como en todos los anteriores.
Lo que falta saber ahora, es si a diferencia de los anteriores gobiernos, la nueva gestión se arremangará para buscar soluciones concretas al problema educativo ítem por ítem, o cederá ante la tentación de oír a los dirigentes que buscan soluciones utópicas y simplistas, que consisten nada más y nada menos, que en echar más nafta al fuego mediante paros y plebiscitos.