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La movida que el influencer Santiago Maratea inició para recaudar fondos a favor de Independiente plantea una serie de aristas que merecen un análisis, más allá del fin de lograr recaudar una suma muy importante de dinero para saldar deudas de ese club y el usufructo que el propio organizador podrá o no hacer a partir de esta colecta.
Lo primero que surge es el descreimiento sobre la clase política en general, trasladada, en esta ocasión, a una entidad deportiva. Es decir, los socios e hinchas de Independiente, sumado a algún simpatizante del fútbol en general, confían más en un outsider que en la dirigencia del club para el manejo de fondos con un fin específico.
Y lo otro que aparece también se relaciona con la política, pero en este caso con la partidaria. Como Maratea alguna vez se sacó una foto al lado de gente del PRO, es el gobierno nacional, a través de algunos mensajeros mediáticos, el que busca sembrar dudas respecto a la legalidad y transparencia de la colecta. Se muestra una preocupación y se pone un ojo clínico sobre este caso como pocas veces se vio, en contraposición a los incontables actos de desfalco, quebranto y maniobras turbias en el estado, con afectación de bienes y servicios públicos, que casi nunca se sacan a la luz. Curioso.
Jamás, por ejemplo, estos mismos comunicadores se preocuparon en saber cómo el club Independiente (entidad sin fines de lucro), que recibió en los últimos seis años por transferencias de jugadores al exterior un monto aproximado de 64 millones de dólares hoy debe, sólo por deudas con futbolistas y clubes, alrededor de 20 millones de esa misma moneda.
El mencionado ojo clínico se posó en la constitución del fideicomiso de la colecta, que está inscripto en la provincia de Neuquén, con el objetivo de aprovechar ciertos beneficios impositivos. De hecho, el primer aportante para la causa fue la peña de Independiente en la provincia, con el ídolo rojo Pepé Santoro como fiduciante.
Lo que se quiere instalar es que así se hizo para evitar el control de la Inspección General de Justicia (IGJ). Pero en el caso de Neuquén esto recae, por la ley 3265 que crea el registro provincial de contratos de fideicomisos, en el Colegio de Escribanos. Allí se inscribió este fideicomiso y ya se le informó el trámite a la IGJ. Además, ese registro es público y se puede consultar en un link de la página web del Colegio de Escribanos.
Volviendo a la situación de Independiente, tampoco hubo ojo clínico del gobierno ni de la justicia para determinar cómo al jugador Gonzalo Verón, al que se le debía pagar un contrato de 500 mil dólares, se le terminó debiendo en menos de un año casi 11 millones en moneda estadounidense, a partir de una sentencia en tiempo récord determinada por el Tribunal Laboral Número 2 de Avellaneda.
Nada de todo esto, más otras maniobras ejecutadas en la gestión de Hugo Moyano, que a todas luces representan un vaciamiento del club, se investigó.
En cambio, la lupa se pone ahora en una colecta donde aportan hinchas con el solo objetivo de ayudar a una institución que aman, sin perjuicio de nadie, ni de nada.
Miserias de la política, en el mundo del revés.