El organismo se traslada a la calle Bouquet Roldán en junio debido a que le venden la sede actual. La institución cumplirá 27 años.
El Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Gustavo Pereyra, confirmó el traslado de las oficinas de atención al público hacia un edificio ubicado en la calle Bouquet Roldán 269, pero no interrumpirá la atención al público durante la mudanza.
El cambio de locación ocurrirá en el mes de junio, tras la finalización del contrato de alquiler en la sede actual de la calle Sargento Cabral, que fue puesta a la venta por sus propietarios. La institución, que cumplirá 27 años de existencia, carece de edificio propio y opera bajo un esquema de alquileres acorde a sus recursos financieros.
En una entrevista radial, Pereyra detalló que la proyección de gastos para el año en curso alcanza los 1.900 millones de pesos, de los cuales más del 90 por ciento se destina al pago de haberes del personal. El resto de los fondos cubre servicios básicos como electricidad, gas, conexión a internet y soportes técnicos.
Según el funcionario, el presupuesto aprobado para el ejercicio actual presenta un déficit de origen, lo que obliga a la Municipalidad de Neuquén a realizar aportes de partidas adicionales de forma mensual para cubrir obligaciones ordinarias.
Pereyra manifestó su intención de trabajar con el Concejo Deliberante para que el cálculo de recursos del próximo año tome como base el gasto ejecutado real y no las previsiones presupuestarias anteriores. El objetivo de este planteo busca evitar el pedido constante de fondos extra al Ejecutivo Municipal para sostener el funcionamiento diario del organismo.
En paralelo al traslado del edificio, la Defensoría del Pueblo inició un plan de actualización de sus sistemas internos para reducir el uso de papel en los trámites. El proyecto incluye la digitalización de expedientes y la búsqueda de integración con el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que utilizan las administraciones de la provincia y el municipio.
Esta medida pretende otorgar mayor celeridad a la comunicación con otros organismos del Estado y aumentar la eficacia en la respuesta a las demandas de los habitantes de la ciudad.
La gestión actual también inició la actualización de los canales de comunicación digital y la página web institucional, herramientas que presentaban fallas técnicas al inicio del mandato de Pereyra. El defensor señaló que la modernización administrativa requiere tiempo y diálogo con las autoridades correspondientes para unificar los criterios de tramitación electrónica.
Respecto a la atención de problemáticas sociales, la institución mantiene una agenda enfocada en la salud mental y la discapacidad. Pereyra se refirió a las auditorías que realiza el Gobierno nacional sobre las pensiones por invalidez.
"Desde la Defensoría estamos totalmente en desacuerdo con que ese dinero vaya a parar a manos de personas que bien pueden, como yo y como tantos neuquinos que se lo andan todos los días, ir a trabajar", dijo el Defensor.
La Defensoría intervino en casos donde se detectaron errores en la baja de beneficios para personas con patologías reales, mediante gestiones ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia.
En el área de salud mental, el organismo elabora un aporte técnico basado en los casos que recibe de forma cotidiana, con el fin de contribuir a los proyectos de reforma de la ley nacional en la materia. Según el diagnóstico de la oficina, existe un déficit de infraestructura en el sistema de salud pública y en el sector privado para contener la demanda de atención en Neuquén.
Uno de los ejes centrales de la labor legislativa del organismo es la protección del subsidio al gas para la región patagónica. Pereyra, en conjunto con otros cuatro defensores municipales de la provincia, presentó una propuesta ante la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación.
El proyecto busca asegurar la continuidad del régimen de zona fría mediante una normativa que elimine la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional.
La preocupación de los defensores radica en el artículo tercero de la iniciativa, que otorga facultades al gobierno para modificar o eliminar los subsidios a través de resoluciones administrativas. Pereyra advirtió sobre el impacto económico que tendría la quita total del beneficio en las facturas de los usuarios residenciales.
"No hemos ido con un reclamo, con un petitorio, sino que hemos ido con un proyecto, es decir, proyecto alternativo al que presentó el gobierno nacional, donde ayer se aprobó media sanción", señaló Pereyra.
La propuesta neuquina solicita que el beneficio del 50% en la tarifa permanezca de manera definitiva por ley. El defensor fundamentó la necesidad de mantener este esquema de precios debido a las condiciones climáticas de la zona y al aporte energético que realiza la provincia de Neuquén al resto del país.
Según sus estimaciones, el fin del subsidio representaría un incremento del 100% en el costo del servicio de gas de forma inmediata. Un usuario que abona 80 mil pesos en la temporada invernal pasaría a pagar 160 mil pesos en caso de que se elimine la compensación por zona fría.
Además de estos pedidos, Pereyra subrayó que la agenda ambiental del organismo prioriza la preservación del recurso hídrico y el control de las obras públicas y privadas para que el desarrollo urbano respete el entorno natural.
La Defensoría continuará con la recepción de reclamos y la atención de consultas en su nueva sede de la calle Bouquet Roldán a partir del primer día hábil de junio. Según indicaron, el traslado no interrumpirá la prestación del servicio, ya que la oficina de la calle Sargento Cabral funcionará hasta el cierre del mes de mayo.