La denuncia fue radicada por la Municipalidad de Neuquén. El trámite se ofrecía en un valor que oscilaba entre $160.000 y $300.000.
La Justicia allanó este lunes distintos domicilios en la ciudad de Neuquén en el marco de una investigación por la presunta confección y venta de licencias de conducir truchas, presuntamente elaboradas y difundidas por empleados municipales. La Municipalidad de Neuquén fue la denunciante en la causa.
La causa ya arrojó su primer resultado, que son cuatro personas —dos mujeres y dos hombres, todos mayores de edad— demoradas y trasladadas al Departamento de Delitos Económicos para continuar con la investigación. Confirmaron que dos de los demorados (un hombre y una mujer) son empleados municipales.
Los procedimientos, según pudo saber LM Neuquén, fueron ordenados por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Paula González, en una causa que se inició a partir de una denuncia presentada el 16 de junio de 2025. El comisario inspector César Juárez, a cargo de Delitos Económicos, confirmó la información de los demorados a este diario.
A raíz de esa presentación intervino el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, que quedó a cargo de las tareas investigativas. En total se realizaron tres allanamientos durante la jornada.
Entre las personas apuntadas por la causa hay cuatro personas con vinculación municipal, ya que dos de ellas pertenecían a la planta funcional y las otras con vinculaciones directas. La Municipalidad de Neuquén, que fue quien radicó la denuncia judicial, sigue de cerca el expediente.
Según pudo saber este medio, hay detalles que datan de poco más de un año atrás. Delitos Económicos de la Policía de Neuquén confirmó que en el origen de la denuncia se hace mención de esa circunstancia.
El delito que se investiga es falsificación de documento público. Según se pudo reconstruir a partir de la investigación policial, el trámite trucho se ofrecía a través de redes sociales y de un número de contacto, con la promesa de agilizar la obtención de la licencia. Los valores rondaban entre los $160.000 y los $300.000.
Un dato que aportó el departamento a cargo del operativo cambia la lectura que se hace de la causa. En la mayoría de los casos, las personas a las que después se les secuestró la licencia, creían estar haciendo el trámite por los canales correctos.
Lo que ocurría, según se explicó, es que se acortaba el proceso de entrega sin cumplir los pasos legales exigidos para la obtención del documento. Es decir, no se trataba de una falsificación visible a simple vista.
La causa se inició a partir de la detección de una licencia de conducir que no pudo ser validada mediante los sistemas oficiales. A partir de esa irregularidad, efectivos especializados desarrollaron una minuciosa investigación en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, logrando reunir elementos que permitieron avanzar sobre una presunta organización dedicada a ofrecer licencias de conducir sin cumplir con los requisitos legales, utilizando comunicaciones telefónicas y transferencias bancarias como parte de la operatoria.
Como resultado de las órdenes judiciales ejecutadas en tres domicilios de la capital, el personal policial secuestró doce teléfonos celulares, una tablet, un router, documentación de interés para la causa, nueve licencias nacionales de conducir y sellos aclaratorios que serían utilizados en la maniobra investigada.
Durante la investigación surgió además un hecho paralelo y es la sustracción de una máquina utilizada para imprimir licencias de conducir.
Según la denuncia, las licencias secuestradas cumplen con las características físicas habituales —el plástico y la impresión son similares a las originales— pero al verificarlas en el sistema SINALIC (Sistema Nacional de Licencias de Conducir), se constató que no estaban cargadas en la base de datos, lo que demuestra que no se cumplieron todos los requisitos legales para su emisión.
Desde la investigación no descartaron que existan más casos en la ciudad. Señaló que en distintos operativos municipales ya se secuestraron varias licencias con el mismo patrón, detectado a través de los controles y la verificación en el sistema. Visualmente parecen normales, pero el problema aparece al cotejarlas con los registros oficiales.
Los cuatro demorados fueron puestos a disposición de la fiscalía. Desde Fiscalía señalaron que todo lo actuado hasta ahora forma parte de una etapa preliminar de la investigación, por lo que aún resta determinar el rol y el grado de responsabilidad de cada uno.
Por el momento no trascendió la identidad de los empleados, ni si existen otras personas bajo sospecha. La causa permanece en pleno desarrollo.