El fiscal general de Neuquén defendió el relevamiento territorial y llamó a resolver los conflictos sin medidas de acción directa. “Para eso están las herramientas legales”, dijo.
El fiscal general de Neuquén, José Gerez, se pronunció sobre el conflicto entre la comunidad mapuche Kaxipayiñ e YPF en el Istmo del lago Mari Menuco, que terminó con una orden de desalojo de las rutas por parte del Ministerio Público Fiscal.
En declaraciones a Línea Abierta de LU5, Gerez defendió el trabajo de relevamiento territorial que se realizó en la provincia y afirmó que “es importante continuar con ese trabajo para salvaguardar los derechos de las comunidades y de quienes están alrededor”.
En un mensaje directo a los manifestantes de la comunidad, que cortaron los accesos a la zona en protesta por el avance de la petrolera en territorio comunitario, el fiscal fue determinante en cuanto a lo que exige la ley en estos casos.
“No se pueden cortar las rutas. Nadie puede cortar las rutas, porque es un delito. No se puede reclamar de esa manera”, sostuvo, y no solo por los mapuches, sino por cualquier ciudadano, lo que pone de manifiesto el "cambio de época" en la política, donde hace unos años había más “concesiones” con estas medidas.
Para Gerez, los conflictos territoriales deben resolverse dentro del marco legal. “Nadie puede acudir a lo ilícito como medio para lograr una determinada respuesta”, insistió, señalando que el ordenamiento jurídico ofrece herramientas suficientes para canalizar reclamos sin afectar a terceros.
El conflicto en Kaxipayiñ se desató cuando miembros de la comunidad denunciaron que YPF comenzó a trabajar en la zona sin haber realizado la consulta previa que establece la Ley 3401/23.
Se sabe que es el inicio de un proyecto no convencional de la operadora, pero que además no estaría dentro del área relevada, sino afuera de la propiedad comunitaria. Pero los mapuches aún lo ponen en discusión.
La situación escaló hasta el punto de que la comunidad bloqueó los caminos de acceso al área para impedir el avance de las máquinas en estos días, por lo que se produjo una orden de desalojo directa de la fiscal Paula González.
En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal emitió una orden para desalojar la zona, en la que se intimó a los manifestantes a liberar los caminos en un plazo de una hora bajo amenaza de intervención policial.
También se instruyó a identificar a los manifestantes, entre ellos, el werken de la comunidad, Gabriel "Rolo" Cherqui, quien acudió duramente gobierno de Rolando Figueroa de no cumplir con la consulta libre, previa e informada, un mecanismo para convocar a las comunidades cada vez que hay proyectos que impactan en el territorio.
Gerez también hizo referencia a otros conflictos en la provincia que involucran a comunidades indígenas y clubes de la región, aunque sin dar muchos detales. Es un tema que se cerró en 2018 con una mudanza de las asociaciones de profesionales a la Villa El Chocón, debido a la alta conflictividad con las comunidades.
La tensión continúa en el istmo de Mari Menuco, la comunidad Kaxipayiñ sostiene su reclamo y denuncia que el gobierno de Rolando Figueroa está violando la ley que fue aprobada en la etapa final del gobierno de Omar Gutiérrez.